Advierte sobre los posibles impactos negativos de la nueva normativa sobre nutrición sostenible de suelos agrarios

Unión de Uniones cree que más allá de la obligación de contar con un asesor agrario y planes de fertilización, la propuesta del Ministerio de Agricultura implicaría el cumplimiento de una serie de medidas que conllevarían un aumento en la complejidad de gestión, como el deber de realizar una rotación de cultivos en herbáceos

Unión de Uniones cree que más allá de la obligación de contar con un asesor agrario y planes de fertilización, la propuesta del Ministerio de Agricultura implicaría el cumplimiento de una serie de medidas que conllevarían un aumento en la complejidad de gestión, como el deber de realizar una rotación de cultivos en herbáceos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera necesario insistir en la necesidad de llevar a cabo una revisión integral y profunda del futuro Real Decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios, dados los graves perjuicios que generaría en los sectores agricultores y ganaderos.

La organización agraria ya destacó esto en el primer periodo de consulta pública que, de entrar en vigor tal cual el Ministerio de Agricultura lo plantea, aumentaría la complejidad en la gestión, los costes, la burocracia y llevaría a la desincentivación de la circularidad y bioeconomía en la agricultura.

En lo propuesto en dicho texto, el Ministerio pretendería implantar una nueva serie de obligaciones, principalmente en materia de fertilización, pero también en riego o la gestión de estiércoles.

Gestión sostenible de los suelos

Unión de Uniones considera que es importante avanzar en la gestión sostenible de los suelos, pero no a costa de la pérdida de viabilidad económica o el incremento desmesurado de la complejidad en la gestión de la explotación, lo que producirá más perjuicios que beneficios, tanto a los productores como, a la larga, al conjunto de la sociedad.

La organización cree que más allá de la obligación de contar con un asesor agrario y planes de fertilización, la propuesta del Ministerio implicaría el cumplimiento de una serie de medidas que conllevarían un aumento en la complejidad de gestión. Por ejemplo, establece el deber de realizar una rotación de cultivos en herbáceos cuando el Reglamento (UE) n°1307/2013 del Parlamento y Consejo, no obliga a realizar esta práctica.

Periodos de prohibición de fertilización

También se fijan periodos de prohibición de fertilización a nivel estatal, que no están coordinados con las disposiciones autonómicas en la materia y se deberán añadir nuevos apartados al cuaderno de explotación, en materia de riego y fertilización en el que habrá que llevar a cabo un minucioso registro de las acciones realizadas y que, junto con las revisiones y certificaciones de maquinaria, aumentaría el peso de tareas burocráticas, incumpliría la eterna promesa de simplificación y minaría la competitividad.

Por otra parte, el futuro Real Decreto, con implicaciones de incremento de costes, se plantea en un contexto de fragilidad económica de numerosos sectores. Los costes derivarían de la necesidad de contar con un asesor en materia de fertilización, modernización de la maquinaria de aplicación de fertilizantes orgánicos y urea, obligaciones de valoración agronómica de estiércoles o restricciones al uso de la urea (el segundo fertilizante nitrogenado más usado en España), entre otros.

Por ello, Unión de Uniones considera imprescindible la paralización de la aprobación de este RD para proceder a una revisión integral y dialogada del mismo, con el objetivo de que la medida propuesta consiga tener una aplicación real y positiva en explotaciones y medio ambiente.

Ecoesquema

Además, en caso de que vaya a haber un ecoesquema de fomento de planes de fertilización, pide que esté disponible durante todo el periodo de la PAC para todas las explotaciones y el RD no entre en vigor hasta, al menos 2027 para facilitar una transición a las explotaciones.

En cuanto a los impactos identificados, propone eliminar disposiciones que generan impactos negativos superiores a los beneficios esperados en materia de complejidad, burocracia y apoyo financiero para afrontar el incremento de costes y una visión que busque el fomento de los abonos orgánicos en vez de desincentiva

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