La organización agraria COAG Castilla y León denuncia que “las grandes firmas de obtención de semillas, expertas en labores de lobby, convencieron a la Comisión Europea para que redactara un reglamento que protegiera su simiente y desde entonces los agricultores de Castilla y León les han tenido que pagar unos 20 millones de euros en concepto de derechos de autor”.
Lamentan que “muchos agricultores guardan una parte de su producción para convertirla en semilla que utilizarán en la próxima campaña, pero aun así o le pagan un canon a las multinacionales o el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) puede denunciarles”.
Desde COAG señalan que ANOVE (la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales), creada por las principales empresas de semillas, cobra un canon de 14 euros por tonelada de semilla acondicionada a los agricultores, aunque utilicen su propia semilla, para afrontar la sementera de cereal. En Castilla y León supone unos 4 millones de euros al año, estiman.
En la presente campaña, con los insumos más caros de toda la historia del campo, desde la organización agraria consideran que es el momento oportuno para retirar este canon. Así, COAG solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lo suprima y se devuelva la cantidad de dinero que ya han desembolsado los agricultores cerealistas de Castilla y León.
COAG ya dirigió hace dos años sendas cartas a los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos en las Cortes autonómicas, solicitándoles que instaran al Gobierno central a derogar la normativa que ampara el cobro, por parte de los obtentores de semillas, del canon por reutilización de la semilla propia.
Añaden que “ANOVE se está aprovechando de recursos fitogenéticos que son patrimonio de todos (las semillas progenitoras han sido cultivadas y mejoradas durante siglos por los agricultores) sin pagar nada a nadie a pesar de que están obligados a hacerlo por el Tratado Internacional por la conservación de los Recursos Fitogenéticos de cereales y leguminosas, así como el Convenio para la Diversidad Biológica (Protocolo de Nagoya), suscritos ambos por España y gran parte de los países a nivel mundial”.
