El Gobierno de España aprobó el pasado 8 de abril la nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su publicación ha generado una importante preocupación y un gran enfado en el mundo rural puesto que prohíbe la quema de residuos agrarios y forestales, equiparando la paja o los restos de ramas de podas a otro tipo de residuos.
Se trata de una norma que ha generado la queja de sindicatos agrarios, que demandan al MITECO que especifique las prohibiciones concretas de esta norma, que en su régimen sancionador contempla multas de hasta 3,5 millones de euros.
Desde Unión de Uniones consideran que esta ley se contradice en dos artículos muy diferentes al excluir de su ámbito en uno de ellos la paja y los materiales naturales no peligrosos de origen agrario y forestal y, por otro, regulando cómo se deben eliminar y prohibiendo su quema con carácter general. “Esta contradicción está provocando confusión y que haya zonas donde se traslada dicha prohibición a los agricultores y en otras se permiten las quemas habituales en esta época del año”, indican.
La organización señala que la propia directiva marco de residuos y la guía de la Comisión Europea para su interpretación señala como material natural no peligroso y que, por lo tanto, deben quedar excluida de su regulación como residuos la paja de cereales y otros cultivos, la hierba cortada, la madera natural, recortes de madera, virutas y serrín de madera y otra biomasa.
Por su parte, desde AVA-ASAJA Valencia, apuntan que el clamor generado por esta normativa en el sector agrario ha forzado una solución parcial por parte de la Conselleria de Agricultura, que ha informado a la organización agraria que en breve publicará una resolución por la cual, por razones fitosanitarias, es decir, para favorecer la lucha contra plagas y enfermedades de los cultivos, cada agricultor podrá solicitar en su ayuntamiento una autorización excepcional para continuar realizando las prácticas tradicionales de quemas de restos de poda y otros restos vegetales.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “la conselleria de Agricultura ha escuchado y entendido la indignación de los agricultores y ganaderos valencianos ante este nuevo ataque frontal del Gobierno al campo. Tras semanas de conversaciones y gestiones constructivas con el sector, la Conselleria va a dar una solución que agradecemos, pero hay que dejar claro que no es la solución que nosotros queremos y necesitamos. AVA-ASAJA reclama la derogación del artículo 27.3 de la referida Ley que incluye los restos de poda y agrarios en la prohibición general de quemas, como si se tratara de residuos artificiales”.
La organización agraria ha trasladado esta reivindicación al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de quien aún no ha recibido respuesta, mientras que ASAJA Nacional ha hecho lo propio con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. AVA-ASAJA igualmente ha remitido un escrito a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) instándole a solicitar la derogación del mencionado artículo y a trasladar esta misma demanda a todos los ayuntamientos.
Práctica fitosanitaria positiva
Desde el punto de vista fitosanitario, el dirigente agrario señala que “prácticamente todos los cultivos valencianos sufren una explosión de plagas y enfermedades a causa de la supresión europea de materias activas y, ahora, con una prohibición de quemas los agricultores tendrían más dificultades aún para mantener una correcta sanidad vegetal. Además, en el caso del arranque de cultivos leñosos como cítricos, olivos o almendros, muchos patógenos se hallan dentro de la madera y resulta necesaria la quema para afrontar la nueva plantación en buenas condiciones sanitarias. La contaminación que puede generar esta incineración puntual es mil veces menor a la contribución positiva que ha ido desempeñando el árbol durante sus más de veinte años de vida”.
Aguado añade que “tampoco parece una medida acertada para el medio ambiente si pensamos en el impacto que supone el traslado mediante maquinaria de los rastrojos y restos de poda a distancias kilométricas –como sucedería en muchas zonas agrarias valencianas– o en la acumulación de material combustible en los campos, muchos de ellos colindantes a municipios, industrias y superficies forestales, que podría desencadenar incendios graves y agravar la superpoblación de fauna salvaje. Incluir los restos agroforestales en esta ley es de locos, dejen al campo tranquilo y no nos compliquen más la vida, que ya tenemos demasiados problemas”.
