La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha manifestado su “indignación” con el retraso en la publicación del Real Decreto de aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común en España.
“A las puertas de empezar la campaña de siembra del cereal de invierno (trigo duro, trigo blando, cebada, avena…), que va a ser con diferencia la más cara de la historia, aún no se conocen los pormenores de cómo se va a aplicar en Aragón la normativa para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea y acceder a las ayudas PAC”, lamentan.
Indican que la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común lleva un retraso de dos años, un plazo más que suficiente, según UAGA, para que el Ministerio de Agricultura hubiera planificado la adaptación e implantación de las exigencias medio ambientales de la Unión Europea a las prácticas agrícolas que se realizan en España.
En ese sentido, la organización agraria señala que las rentas de los agricultores dependen en buena medida de las ayudas de la PAC que perciben anualmente como complemento a los ingresos directos por la venta de sus producciones. Por eso, añaden que “no es de recibo que la gente del campo tenga que afrontar la compra de semillas y abonos sin conocer cuáles son sus obligaciones y cómo se van a distribuir esos fondos”.
2022 está siendo un año muy duro para el sector. Al desorbitado encarecimiento de los costes de producción (gasóleo, semillas, abonos, fertilizantes…) se le suma la reducción de ingresos por la importante merma en las cosechas (heladas, pedrisco y olas de calor). “En este contexto tan nefasto, se le añade ahora la ineficacia del Ministerio a la hora de cerrar la aplicación de la reforma de la PAC”. Por esta razón, UAGA baraja pedir responsabilidades al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
La organización agraria considera que el ministro, titular desde junio de 2018 de la cartera de Agricultura, no ha cumplido con el objetivo de presentar una reforma de la PAC acorde a la realidad del sector, apostando por el modelo de explotación agraria familiar y priorizando a las personas que ejercen profesionalmente la agricultura y la ganadería en el cobro de las ayudas.
Derechos históricos
Para conseguir esto, según UAGA, era indispensable eliminar los derechos históricos (referencias antiguas en base a las que se abonan las ayudas PAC) y hacer un nuevo reparto, sólo de esta forma desaparecería la multitud de perceptores que cobran ayudas PAC y ya no se dedican a la actividad agraria.
El 19 de julio el Ministerio publicó el borrador de Real Decreto que regirá la aplicación a partir de 2023 de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, así como la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
