¿Cómo afectará el adelanto electoral a las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía?

El anuncio del presidente del Gobierno ha llevado a las organizaciones agrarias a pedir más apoyo para el sector primario

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La tramitación del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ahora pendiente de informe en el Senado, decaerá el próximo miércoles cuando previsiblemente se disolverán las Cortes tras la convocatoria adelantada de elecciones generales para el 23 de julio.

Es una de las principales normativas relativas al sector agroalimentario que quedan paradas tras la disolución del Parlamento, según han confirmado a Efeagro fuentes oficiales y tras la consulta de la normativa en tramitación en ambas cámaras.

Según las mismas fuentes, estaba previsto que la ley contra el desperdicio alimentario se aprobase definitivamente a lo largo del mes de junio.

Es así porque se trata de un proyecto de ley y la Diputación Permanente, que velará por el funcionamiento de ambas cámaras durante este período electoral, sólo puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo o ejercer las competencias propias del Pleno en relación a la aplicación de los estados de alarma, sitio y excepción.

Por eso mismo, el nuevo real decreto para hacer frente a los efectos de la sequía tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente, cuando estaba prevista su aprobación en el pleno del Congreso este mismo jueves, según las fuentes consultadas.

Más allá de esas materias, en el Parlamento decaerán las tramitaciones de proposiciones de ley, como una de Unidas Podemos sobre la mejora de las condiciones de trabajo y protección social de las personas trabajadoras agrarias por cuenta ajena y de los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura; u otra sobre medidas para garantizar, dentro del servicio universal, el acceso a Internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales.

También había registrada una PL presentada por Murcia sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura; otra de Unidas Podemos sobre el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección; e incluso una sobre regulación integral y control del cannabis en personas adultas, que recoge aspectos sobre su cultivo.

Más propuestas en tramitación que podrían afectar al sector agroalimentario son iniciativas parlamentarias para la recuperación de garantías ambientales y la participación ciudadana en la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos y una proposición sobre cambio climático y transición energética.

Por último, también estaban en tramitación una iniciativa parlamentaria sobre cambios en la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y una PL relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales.

Lo que opinan las organizaciones agrarias

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha relacionado los resultados electorales autonómicos y municipales y el “vuelco” hacia el PP, con las “malas políticas llevadas a cabo por el Gobierno, desde el punto de vista de la agricultura”.

“Las políticas del Gobierno han sido, desde nuestro punto de vista, dañinas para el sector agrario”, ha recalcado el presidente de Asaja en declaraciones a Efeagro.

En cuanto a la convocatoria de elecciones generales y a los asuntos que quedan por cerrar de la presente legislatura ha apuntado que “quedan muchas cosas”, entre las que ha destacado la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), en la que los Gobiernos tienen más responsabilidad.

“La PAC que tenemos ahora mismo encima de la mesa es una PAC que no nos vale, que condena al profesional de la agricultura y, desde luego, hay que cambiarla en Bruselas y aquí”, según Barato.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha descartado que la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones generales el próximo 23 de julio vaya a afectar a la aprobación de normativa relevante para el campo.

Esta organización ha adelantado que la disolución de las Cámaras no afecta a la aprobación de los nuevos decretos de sequía: es un aspecto “con el que no habrá problemas”.

Ampliando las miras a toda la cadena agroalimentaria, sí tiene dudas de que se pueda aprobar la normativa contra el desperdicio alimentario que, aunque es “importante”, “no es propia de nuestro sector primario”.

Padilla ha mostrado su “sorpresa” por este adelanto electoral y tampoco intuye cómo puede afectar a la presidencia de turno del Consejo de la UE en el segundo semestre del año, de la que ya se han adelantado los eventos más relevantes en materia agroalimentaria.

La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha considerado que la convocatoria de elecciones generales “no debe poner en pausa las medidas de apoyo que necesitan los agricultores y ganaderos españoles”.

Fuentes de UPA han enfatizado que es necesario que todos los gobiernos, a nivel europeo, central y autonómico, actúen “con firmeza” ante la “grave sequía” que siguen enfrentando los profesionales del sector agrario.

En ese sentido, han indicado que la Unión Europea (UE) debe activar “fondos de la reserva de crisis, que el Gobierno central incremente los paquetes que ya se han habilitado y que las comunidades autónomas (CCAA) destinen fondos a apoyar a sus productores”.

UPA ha indicado que “el adelanto electoral es una posibilidad democrática lógica y normal sobre la que no cabe ninguna crítica”.

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