Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado esta semana la nueva arquitectura presupuestaria del bloque para el periodo 2028-2034. Una reforma que supondrá cambios relevantes en la gestión de los fondos agrícolas comunitarios.
España se desmarcó del consenso y votó en contra del reglamento que crea los futuros Planes de Asociación Nacionales y Regionales, el instrumento que concentrará en un único fondo por Estado miembro las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la política pesquera y los recursos de Cohesión, entre otros programas.
La decisión fue adoptada por los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete, que dieron luz verde a los tres principales reglamentos del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.
El más relevante para el sector agrario es el que establece los nuevos planes nacionales, dotados con una asignación global de 770.000 millones de euros para los próximos siete años.
Preocupación por la gestión de los fondos agrícolas
La propuesta ha suscitado inquietud en varios Estados miembros al considerar que podría incrementar la centralización de la gestión de los recursos comunitarios.
En el caso de España, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, justificó el rechazo al considerar que el nuevo sistema de «gestión híbrida» genera dificultades en países con una elevada descentralización administrativa.
El representante español defendió mantener un modelo dual que continúe apoyándose en el sistema de costes certificados reales de los proyectos, similar al vigente, para garantizar una gestión más adecuada de los fondos europeos.
Más protagonismo para regiones y autoridades locales
Ante las críticas recibidas, los Estados miembros han introducido modificaciones en la propuesta inicial para reforzar el papel de las administraciones regionales y locales en la planificación y ejecución de los fondos.
El texto acordado establece expresamente que los planes nacionales deberán elaborarse respetando el principio de «gobernanza multinivel», y no únicamente mediante consultas con las autoridades territoriales.
Asimismo, se especifica que las regiones y municipios deberán participar en la preparación, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con la organización institucional de cada Estado miembro.
Además, se reconoce la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan negociar e interactuar directamente con la Comisión Europea durante la elaboración de los capítulos específicos correspondientes a sus territorios, siempre dentro del marco legal nacional.
Sin embargo, estas modificaciones no han logrado disipar todas las reticencias. Bélgica optó por la abstención al considerar que el texto continúa reflejando una visión excesivamente centralizada que no se adapta adecuadamente a la diversidad institucional de los Estados miembros.
Debate abierto sobre el futuro presupuesto agrícola
La aprobación de los reglamentos no implica todavía un acuerdo sobre las cuantías definitivas que recibirán las distintas políticas comunitarias. Las cifras continúan siendo el principal punto de fricción entre los Estados miembros.
Mientras países como Alemania, Países Bajos, Austria y varios socios nórdicos reclaman una reducción adicional del gasto comunitario, el grupo denominado Amigos de la Cohesión —integrado por dieciséis países, entre ellos España— defiende un presupuesto más ambicioso que preserve los fondos destinados a la agricultura y al desarrollo regional.
La preocupación de este grupo radica en evitar que las nuevas prioridades europeas, como la competitividad industrial, la transición digital, la defensa o la seguridad, se financien mediante recortes en la PAC y en las políticas de Cohesión.
Nuevos fondos para competitividad y acción exterior
Junto al nuevo modelo de gestión de la PAC y de los fondos regionales, los Veintisiete aprobaron también el reglamento del futuro Fondo Europeo de Competitividad, concebido para impulsar la innovación, la transición verde y digital, la defensa, el espacio y la sanidad.
La propuesta actualmente sobre la mesa contempla una dotación de 383.008 millones de euros, de los cuales cerca del 40 % se destinarían al programa de investigación Horizonte Europa, mientras que el Fondo de Innovación recibiría más de 35.000 millones de euros.
Asimismo, los Estados miembros respaldaron la creación del programa Europa Global, destinado a financiar actuaciones exteriores de la Unión Europea y cuya asignación podría situarse en torno a los 180.000 millones de euros.
Las negociaciones sobre el reparto definitivo de recursos continuarán durante los próximos meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo político antes de finales de año, en un contexto marcado por la defensa de la financiación agrícola y regional frente a las nuevas prioridades estratégicas de la Unión.
