Los sindicatos Unió de Pagesos, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) y la Asociación Viticultors del Penedès han hecho este martes un llamamiento a los viticultores para que no vendan la uva «a los precios abusivos que están ofreciendo las bodegas».
Según han informado los propios sindicatos y la Asociación de Viticultores del Penedès, las entidades creen que si los viticultores aceptan «los precios abusivos» que las bodegas están ofreciendo por la uva, «se pondría en riesgo la viabilidad del agricultores del sector y el relvo generacional en el viñedo».
Las tres entidades coinciden en que el precio propuesto por las grandes bodegas que compran uva «no responde a las dinámicas de mercado en la relación oferta-demanda y no es un reflejo de la realidad del sector», ya que prevén para esta campaña una cosecha de entre un 70 y un 80 % inferior con respecto a una vendimia normal a causa de la sequía, que se ha ido agravando desde 2021.
A esto, dicen, hay que sumar un aumento importante de los costes de producción por culpa de un IPC elevado.
Unió de Pagesos, JARC y la Associació Viticultors del Penedès no sólo rechazan los precios que están ofreciendo las bodegas este año sino que piden, para los contratos de compraventa de uva que estén en vigor desde años anteriores, un aumento del precio de la uva «como mínimo de más del 50 % de lo que tenían estipulado a la vendimia pasada».
En este sentido, argumentan que ningún viticultor debería aceptar unos rendimientos económicos de entre 1.000 y 1.500 euros brutos por hectárea, ya que, apuntan, está calculado que para que un viticultor tenga un negocio viable necesita unos rendimientos mínimos en torno a los 5.000 euros por hectárea.
Los tres representantes de los viticultores sostienen que las pérdidas económicas que este año sufrirán los viticultores por culpa de la mala cosecha «deben repartirse entre todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del vino y el cava».
Por último, Unió de Pagesos, JARC y la Asociación Viticultors del Penedès piden a las empresas que compran uva que consulten el estudio periódico de los costes de producción de la uva y del vino, encargado por el Departamento de Acción Climática, para conocer los costes de producción que tiene un viticultor y que nunca deberían pagar al productor por debajo de esos costes, según establece la ley de la cadena de valor alimentaria. EFEAGRO
