Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se personará como acusación popular en el procedimiento abierto por la citación de la Audiencia Nacional a Félix Solís y García Carrión como investigados en un presunto fraude en la comercialización de vinos calificados en la Denominación de Origen Valdepeñas.
La organización persigue conocer si ello hubiera podido causar un perjuicio económico a los viticultores de cara a futuras reclamaciones.
Unión de Uniones ya ha mantenido en días pasados contactos con los viticultores de la zona de Valdepeñas, preocupados por la situación de indefensión en la que se encuentran en cada vendimia.
“La posición de dominio del mercado que tienen allí estas dos grandes firmas les permiten imponer unilateralmente sus condiciones de precios y de recepción de la uva” afirman desde la organización, que está recabando información para presentar las correspondientes denuncias a AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) si se evidencian incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria por haber pagado precios por debajo de los costes de producción.
A esta situación se une ahora la causa abierta por la Audiencia Nacional en la que van a ser investigadas las bodegas Félix Solís y García Carrión por comercializar presuntamente vinos amparados por la DO y calificados como de crianza, reserva o gran reserva sin cumplir el pliego de condiciones para ello.
Sohiscert y Liec Agroalimentaria
La Audiencia Nacional también dirige el procedimiento contra las certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que deben acreditar que el vino comercializado cumple el condicionado correspondiente.
“Otro escándalo que viene a sumarse a la lista de hechos lamentables que se vienen viviendo desde hace años en la DO, en la que, incluso bajo la gestión de la Consejería de Agricultura, tras la disolución de la Interprofesional, la industria hace y deshace a su antojo”, critican desde la organización.
Proceso de envejecimiento del vino
La organización considera que, si está en duda la catalogación del proceso de envejecimiento del vino, está en cuestión toda la trazabilidad del sistema y por eso Unión de Uniones se va a personar como acusación popular en la causa.
“Queremos saber si la uva que se ha pagado a los viticultores como uva de mesa -prácticamente a la mitad de precio de la que se recepciona como DO- ha ido a vino de mesa o a qué ha ido”, manifiestan. La organización quiere que se esclarezcan totalmente estos hechos para, en su caso, si se sentencia que ha habido prácticas que han ocasionado un perjuicio económico a los agricultores, éstos tengan base legal para reclamar compensaciones por los daños ocasionados.
