El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró en Alcázar de San Juan su reunión ordinaria del mes de marzo y en el seno de la misma se acordó seguir solidarizándose con las diferentes movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias, pero consideran que es el momento de la negociación, de concretar las diferentes medidas que se han trasladado a las diferentes administraciones conjuntamente con organizaciones agrarias, tales como un plan de choque para la rentabilidad del sector, políticas hidráulicas para una agricultura más competitiva, el establecimiento de cláusulas espejo o la simplificación de la burocracia y la PAC.
Ley de la Cadena
A lo largo de la reunión los miembros del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias compartieron su apoyo a la Ley de la Cadena Alimentaria como forma de proteger al sector productor, sin duda el eslabón más débil de la cadena. Pero dejando claro que no apoyarán ningún cambio en esta Ley que no suponga una mejora en el reconocimiento de la singularidad del modelo de empresa cooperativa, recordando que la relación socio-cooperativa no es una relación comercial sino societaria puesto que la cooperativa es propiedad de sus socios, tiene sus propios estatutos, regulación y garantías en la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Igualmente se incidió en que la actual obligación de inscribir los contratos alimentarios a los compradores de productos a las cooperativas las deja en situación de desventaja frente a las ventas que hagan otro tipo de empresas cuyos compradores no están obligadas a ello.
El agua, la principal reivindicación
Por otro lado, el Consejo Rector de la organización va a trasladar nuevamente a la administración regional y estatal su posición en cuanto a la pésima política hidrológica que se ha venido desarrollando en estos últimos años y que, en gran medida, es la causante de la falta de rentabilidad y futuro de las explotaciones.
A juicio de su presidente, Ángel Villafranca, “la principal demanda que tiene que hacer el sector agrario y ganadero en estos momentos, es que se garantice el acceso al agua para riego a fin de poder seguir produciendo alimentos suficientes, de calidad y a precio razonable con los que alimentar la sociedad. Siendo importantes todas las reivindicaciones que se están exigiendo por los agricultores, el agua es la pieza clave de todas ellas, pues con agua hay rentabilidad de las explotaciones, hay relevo y hay futuro.”.
Supresión del canon medioambiental del agua
Finalmente, el Consejo Rector ha acordado seguir insistiendo a la administración regional que no es el momento más adecuado para poner en marcha la aplicación del canon medioambiental por el uso del agua, suspendido desde el inicio de la guerra de Ucrania, y cuya reactivación se anunció a primeros del año.
Este canon supondrá para la industria agroalimentaria un nuevo coste de producción que, unido a los ya existentes, mermará la ya débil rentabilidad de nuestras empresas y, por ende, de los agricultores y ganaderos que forman parte de las cooperativas y SAT (Sociedades Anónimas de Transformación).
