Belén Delgado (EFEAGRO). Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA tienen esta semana para decidir si aceptan o no la última oferta del Gobierno, una decisión que puede marcar el fin de la ola de protestas o, por el contrario, su extensión durante el inminente periodo electoral.
Tras el parón de la Semana Santa, el reloj ha empezado a correr desde que el pasado 25 de marzo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) propusiera a las organizaciones agrarias un paquete de 43 medidas para dar respuesta a las reivindicaciones del campo.
La pelota está ahora sobre el tejado de las organizaciones agrarias, que deben analizar el documento internamente tras un proceso de negociación en el que han participado al más alto nivel y en distintas comisiones técnicas, en paralelo a las manifestaciones que se desarrollan desde hace casi dos meses.
Asaja tiene pendiente reunir a su junta directiva, mientras que COAG celebrará reuniones con sus uniones regionales entre este martes y este miércoles antes de emitir una valoración.
UPA, a favor
UPA ha sido la única organización en mostrarse abiertamente a favor del paquete de medidas, con el que, según su secretario general, Lorenzo Ramos, «quedan resueltos todos los problemas de burocracia y se simplifica bastante la PAC (Política Agraria Común) en cuestiones que en el último año se habían exigido».
El documento recoge medidas de flexibilización y simplificación de la PAC, en línea con lo acordado en el Consejo de la Unión Europea (UE), e introduce cambios en el plan estratégico nacional.
Ramos también ha destacado el mantenimiento del impuesto especial de hidrocarburos y del sistema de módulos de IRPF, las nuevas medidas de financiación para los jóvenes, la posibilidad de sufragar el seguro agrario con otros fondos y el aplazamiento de la figura del veterinario de explotación.
En otro orden de cosas, el responsable de UPA ha mencionado la opción de que los trabajadores temporales se hagan un único chequeo médico por temporada y no cada vez que cambien de explotación, mientras que espera que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acabe rebajando el nivel de protección del lobo ibérico.
Grupos ecologistas
Los grupos ecologistas rechazan el plan porque «deroga los escasos avances ambientales de la PAC» y hace a España «más vulnerable» frente a la desertificación y el cambio climático, según la responsable del programa de Alimentos de WWF, Celsa Peiteado.
El Gobierno entiende, sin embargo, que los agricultores necesitan más tiempo y acompañamiento para asentar ciertas prácticas, por lo que está dispuesto -por ejemplo- a aplazar un año el plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y la obligación de aplicar el plan de abonado de los suelos.
La presión de las urnas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defiende la necesidad de escuchar al sector para resolver sus problemas y, con ese fin, en los próximos meses está previsto que se celebren un foro sobre ganadería extensiva y una conferencia sectorial sobre relevo generacional.
No obstante, ha dejado claro su deseo de que el resultado de la negociación no se vea condicionado por las tres próximas citas electorales.
Este viernes comienza la campaña en el País Vasco, que celebra comicios el próximo 21 de abril, a los que les siguen los de Cataluña (12 de mayo) y los que determinarán la composición del nuevo Parlamento Europeo (9 de junio).
La próxima legislatura europea será clave para avanzar en cuestiones que reclaman los agricultores, como la de introducir cláusulas espejo para garantizar la reciprocidad de normas en las relaciones comerciales con países terceros.
También puede que se revise la directiva de prácticas comerciales desleales para elevar su nivel de protección en sus relaciones con los demás eslabones de la cadena.
Colaboración con las comunidades autónomas
En España, el Ejecutivo central se ha comprometido a aportar más recursos que refuercen las inspecciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), si bien insiste en la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las comunidades autónomas, las cuales no han participado en esta negociación entre el Ministerio y las organizaciones agrarias.
La petición se repite en el caso de los seguros agrarios para que mejoren las aportaciones regionales, con el objetivo de subvencionar hasta el límite del 70 % de las primas, al tiempo que se sigue estudiando cómo cubrir los siniestros extraordinarios.
Frente a las demandas de más ayudas directas para el sector, el Gobierno ha ofrecido hasta 200 millones de euros para facilitar el crédito a los agricultores jóvenes y 500 millones para grandes operaciones, entre otras propuestas que están pendientes de salir adelante en función de lo que decidan las organizaciones agrarias.
