EFEAGRO. España deberá reducir para 2040 casi un millón de hectáreas de cultivos de regadío, de las casi cuatro millones que tiene actualmente, debido a la disminución de la disponibilidad de agua como consecuencia del cambio climático, según un estudio de la organización ecologista Greenpeace.
Es una de las conclusiones del informe «¿Cuánto podremos regar? Análisis del agua disponible en España con cambio climático», elaborado por la organización ecologista, en el que se señala que hasta 2022 se han aumentado hasta 3.975.000 las hectáreas de cultivos de regadío en el país, y que, «a corto plazo, se seguirán aumentando».
Según el documento, entre 2030 y 2100 se prevé una disminución de la cantidad de agua disponible sobre el campo en España, de acuerdo a las previsiones meteorológicas, y al aumento de la demanda, aspectos recogidos en el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027, destaca la organización.
Modelos climáticos
De acuerdo a los datos públicos de lucha contra la desertificación y modelos climáticos, «habrá entre un 4,04 % y un 6,88 % menos de agua de aquí al año 2040», y se registrarán más sequías, más intensas y frecuentes, porque los ciclos de precipitaciones serán más irregulares, lo que también provocará más inundaciones.
Aunque las previsiones más a futuro introducen muchas incertidumbres en los modelos, las demandas previstas de recursos hídricos en los planes de cuenca de tercer ciclo «arrojan más de 4.000 hectómetros cúbicos de exceso, ya de entrada», según el estudio de Greenpeace.
Macrogranjas
A ello se suma que además de que las «peores previsiones están siendo superadas», también existe «mucho regadío ilegal no contabilizado, con cerca de un millón de pozos ilegales», y con pérdida de buena parte del regadío en «exportación, en desperdicio alimentario, en excedente agrario, en macrogranjas…», entre otros aspectos.
Estas situaciones provocarán un aumento de los conflictos por el agua entre los actores de los diferentes sectores, según Greenpeace, como entre agricultores e hidroeléctricas, el uso urbano y el recreativo o los caudales ecológicos de los ríos y los ecosistemas acuáticos, que «hasta ahora no se incluían en la ecuación».
Conflictos que en el futuro se extenderán entre comunidades autónomas y entre comarcas o ciudades, debido al aumento de la demanda y la disminución del recurso agua disponible.
Actualmente, el nivel de agua en los embalses se encuentra al 47,92 % del total, pero con cuencas en muy bajos niveles como las de Cataluña, Mediterránea Andaluza y Guadalete-Barbate, todas por debajo del 30 %.
El responsable de la campaña de Agua en Greenpeace, Julio Barea, ha subrayado que no defienden que el regadío «sea algo es malo. Estamos señalando que a menos disponibilidad de agua, hay que reducir demanda».
Una reducción de la demanda, según Barea, que «hay que hacerla bien para que los pequeños y medianos agricultores no se vean sin futuro, y señalar a los que acaparan aguas y tierras para la agricultura intensiva”.
Ha incidido en que «la crisis del agua se soluciona cuando hay agua porque, cuando falte, será tarde», subrayando que «la solución pasa por el regadío -sobre todo el intensivo-, que se lleva el 80 % del agua».
Según los datos del Centro de Estudios y Experimentos de Obras Públicas (Cedex), se prevé una disminución moderada de precipitación en el primer tercio del siglo XXI, que se intensificarán en los años posteriores, como se recoge en el estudio.
El incremento de la temperatura conlleva, además, un incremento de la evapotranspiración (ETP), que se prevé se producirá con «un fuerte aumento» para mediados del siglo XXI, con «incrementos cercanos al 10 % en las cuencas más extensas, y en el último tercio del siglo seguirán aumentando, acercándose al 20 %».
Ante esta situación, Greenpeace ha planteado una serie de propuestas que, entre otras medidas, pasarían por el establecimiento por parte del Gobierno de una hora de ruta de reducción de los regadíos, incluyéndolos en la planificación del cambio climático.
Cultivos superintensivos
Reducir del 20 al 25 % el regadío, lo que, en relación a superficie supone una «reducción de entre 650.000 hectáreas y casi un millón de hectáreas hasta 2040». Reducciones que deben ir enfocadas a las grandes explotaciones (fondos de inversión, empresas del agronegocio), así como a aquellas que, por su cultivo, obtienen altas dotaciones por hectárea y, por lo tanto, no se adaptan a las condiciones climáticas actuales (regadíos en superintensivo de frutos secos, superintensivo de olivar, aguacates, entre otras), según el estudio.
Asimismo, eliminar todos los regadíos ilegales y reducir los que se encuentran sobre zonas tensionadas, como acuíferos, o los vulnerables por la contaminación por nitratos. Además de reducir de forma progresiva la cabaña ganadera en intensivo, para alcanzar un 50 % menos en 2030, y así reducir la demanda directa e indirecta de agua y también su contaminación.
En opinión de Barea, en el marco de la emergencia climática, «gestionar el agua es crucial, porque las cifras son claras: de seguir como hasta ahora, llegaremos a un colapso hídrico”.