WWF denuncia que el Alto Guadiana “es el epicentro del robo del agua”

La organización medioambientalista estima que más de 39 000 hectáreas se regarían con aguas subterráneas con “claros indicios de ilegalidad”

WWF ha lanzado una nueva investigación sobre el robo del agua, realizada durante más de un año y medio, en seis acuíferos con un grave problema de sobrexplotación: Los Arenales, Alto-Guadiana, Almonte- Marismas, Baza, Campo de Cartagena y la zona Sureste (Albacete, Almería y Alicante).

80.000 hectáreas de superficie de cultivo

Entre las seis zonas, se regarían más de 80.000 hectáreas de superficie de cultivo con agua extraída “con claros indicios de ilegalidad”, para la organización medioambientalista

Castilla-La Mancha

En Castilla- La Mancha, la investigación alerta de que más de 39 000 hectáreas se regarían con agua extraída con claros indicios de ilegalidad y que globalmente se extraería un 86 % más de agua del volumen permitido en el Alto Guadiana. Mientras, la provincia de Albacete se ha convertido en los últimos años en un núcleo más del robo del agua.

WWF señala que España afronta un momento crucial con el nuevo proceso de redacción de la Planificación Hidrológica, que tiene que empezar a implantarse el próximo año. Este Plan debe anticiparse a un escenario donde cada vez hay menos agua disponible y acabar de forma efectiva con las extracciones ilegales, señalan.

En esta nueva edición, WWF amplía el estudio inicial publicado en 2021 a un total de seis zonas de aguas subterráneas de la Península y ofrece un análisis más profundo en clave territorial. Un estudio basado en los últimos datos oficiales disponibles sobre las parcelas con derechos de riego correspondientes a 2023 y 2024.

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España. La riqueza de esta investigación está en que además de revelar datos, nos muestra una clara fotografía de lo que sucede en el territorio y nos ayuda a comprender las claves y toda la complejidad del robo del agua”, comenta Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.

Alto Guadiana

WWF y ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) piden más esfuerzos para acabar con el problema de la sobreexplotación y el uso ilegal del agua que amenazan al Alto Guadiana, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), y a la parte de la provincia de Albacete, que forma parte de la Demarcación Hidrográfica del Segura (CHS).

Las organizaciones solicitan también al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incremente los medios y recursos para que las autoridades del agua puedan ejercer de manera adecuada sus labores de seguimiento y control del uso del agua.

Además, demandan una mayor coordinación entras las administraciones competentes en la gestión del agua con las de agricultura, para facilitar la persecución del delito o evitar políticas que favorezcan un incremento del gasto de agua por encima de la disponibilidad real.

El epicentro del robo del agua en España

Indican que en los últimos diez años el nivel de agua subterránea del acuífero de la Mancha Occidental ha sufrido una disminución continuada como efecto directo del incumplimiento de los planes anuales de extracciones que establece la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Esto ha supuesto un vaciado acumulado desde el año 2014 hasta la actualidad del orden de 1300 hectómetros cúbicos.

La Mancha Occidental

La nueva investigación de WWF revela que en el acuífero de La Mancha Occidental se estarían regando más de 39 000 hectáreas con agua extraída con claros indicios de ilegalidad.

Denuncian que desde hace años los gobiernos de Castilla-La Mancha están utilizando los fondos de ayuda al sector agrario para concentrar las inversiones económicas en la zona con la expansión de miles de hectáreas de cultivos leñosos en régimen superintensivo que consumen una cantidad significativa de agua del acuífero, tales como la viña, el almendro, el pistacho o el olivo.

Según la investigación de WWF, el volumen de agua extraída con indicios de ilegalidad se situaría en torno a 69 hm3, pero el problema de la sobreexplotación de agua es mayor.

Añaden que esto se debe a que la propia Administración del agua se enfrenta a titulares de derechos de uso de agua, previamente concedidos, que extraen agua muy por encima de los derechos globales de extracción.

Si a ello se une la extracción ilegal, esto supone que se extrae realmente un 86 % por encima de la capacidad de regeneración del acuífero que establece el Plan hidrológico de la Demarcación del Guadiana.

También se añade que está sometida a la falta de capacidades para controlar y sancionar el uso excesivo del agua subterránea y las malas prácticas heredadas de la legislación de aguas anterior a 1985.

Las Tablas de Daimiel

Esto es lo que ha afectado a Las Tablas de Daimiel, que ha perdido el aporte desde el acuífero Mancha Occidental I, donde la administración pública es incapaz de cumplir su propio límite establecido en el Régimen Anual de Extracciones y que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para así revertir el deterioro del acuífero.

“Se está hipotecando el futuro de todo el Alto Guadiana. La economía local es profundamente vulnerable y depende de un agua cada vez más escasa e incierta por la sobreexplotación y el impacto del cambio climático. Se necesita un cambio, existen fondos para permitirlo, pero al contrario de lo que ha ocurrido en otras zonas, el gobierno de Castilla-La Mancha no está contribuyendo a establecer una estrategia firme, viable y creíble a través de un marco de acción prioritaria (MAP) para Las Tablas de Daimiel. Se necesita apostar por una transición justa para que nadie se quede atrás y se fomente una economía en la zona que sea compatible con la conservación de los valores naturales y utilice de forma responsable los recursos hídricos”, afirma Teresa Gil.

Albacete, el otro foco del robo de agua

Para WWF, el epicentro del robo del agua en España es el Alto Guadiana. Pero, tal y como revela la investigación en el informe sobre el Sureste, la provincia de Albacete se ha convertido en los últimos años en un núcleo del robo del agua.

Señalan que durante las últimas dos décadas, esta zona ha tenido una expansión desmesurada de la superficie de cultivo reconvertida en regadío intensivo y que tradicionalmente era de secano.

En torno al año 2000 es cuando se ponen en marcha en Castilla-La Mancha planes de reestructuración con el objetivo de transformar 100 000 hectáreas de viñedo de secano en la zona, a explotaciones en regadío con el fin de aumentar su producción.

Con el paso de los años, el número de hectáreas que se han acogido a subvenciones agrarias a la reestructuración del viñedo no ha hecho más que crecer, y es así como se ha pasado en esta zona de cultivar unas 10.600 hectáreas en 1998 hectáreas a más de 30.000, según los últimos datos de 2022.

Proceso de intensificación agraria

Este proceso de intensificación agraria ha conllevado un aumento de la superficie en regadío y un mayor uso de los recursos hídricos, una gran parte extraídos con claros indicios de ilegalidad.

El análisis de WWF revela que se estaría regando con agua extraída de forma irregular una superficie superior a las 11 500 hectáreas, según los últimos datos a los que ha tenido acceso la organización y que datan del 2024. Se calcula que se estaría extrayendo de manera irregular un total de 30,25 hm3.

WWF reclama a las administraciones una actuación urgente y coordinada para acabar con el robo del agua en Castilla- La Mancha.

Para ello, es imprescindible reforzar los medios de los organismos de cuenca con el fin de clausurar las captaciones de regadíos ilegales y mejorar la vigilancia con contadores y teledetección”, afirma Teresa Gil.

Concluyen que, además, deben cruzarse estos datos con el catastro y las ayudas agrarias.  “Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos”, señala.

Gil incide en que “la planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No se puede seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación: es urgente impulsar una transición justa hacia modelos productivos menos dependientes del regadío intensivo”.

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