La negociación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 ha entrado en una fase decisiva. El pasado 26 de octubre, los ministros de Agricultura de los Veintisiete alcanzaron un acuerdo parcial que establece las bases de la futura política agraria europea, aunque dejaron pendientes algunas de las cuestiones más importantes, especialmente el presupuesto disponible y los límites que se aplicarán a determinadas ayudas.
Este avance permitirá iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para definir el contenido definitivo de una reforma que afectará directamente a miles de explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.
La propuesta pretende simplificar la gestión administrativa, concentrar las ayudas en los agricultores activos y facilitar la incorporación de jóvenes al sector. No obstante, todavía está por determinar cómo se traducirán estas medidas en las cantidades que recibirán los beneficiarios a partir de 2028.
El presupuesto, la gran cuestión pendiente
Uno de los asuntos que más atención está despertando es la financiación de la próxima PAC.
La Comisión Europea ha planteado reservar alrededor de 300.000 millones de euros para las ayudas a la renta y las medidas de crisis, una cantidad que podría complementarse con otros recursos procedentes de los nuevos planes nacionales y regionales.
Sin embargo, la reforma contempla una transformación importante del modelo presupuestario. La actual estructura de dos pilares, que diferencia las ayudas directas y las políticas de desarrollo rural, se integraría en un marco financiero más amplio, compartido con otras políticas europeas.
Este planteamiento abre un debate sobre el grado de autonomía presupuestaria que conservará la PAC y sobre las garantías de financiación para las explotaciones agrícolas y ganaderas.
La cifra definitiva no está aprobada y dependerá del acuerdo global sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034.
Cambios en las ayudas directas y mayor atención al agricultor activo
Otro de los aspectos centrales de la negociación es la modificación del sistema de pagos directos.
La propuesta contempla un régimen de ayudas por superficie de carácter decreciente, con el objetivo de orientar mejor los recursos y adaptar los apoyos a las características de las explotaciones.
El Consejo también ha acordado que cada Estado miembro deba definir el concepto de agricultor activo, manteniendo cierto margen para ajustarlo a su realidad productiva.
Además, se estudian mecanismos redistributivos que permitirían reforzar el apoyo a determinadas explotaciones, especialmente las pequeñas y las gestionadas por agricultores jóvenes.
No obstante, los criterios definitivos de reducción progresiva y limitación de las ayudas siguen pendientes de negociación, por lo que todavía no es posible determinar cómo afectará el nuevo sistema a cada explotación.
El relevo generacional gana protagonismo
La incorporación de jóvenes agricultores constituye otra de las prioridades de la reforma.
El acuerdo parcial contempla que los Estados miembros desarrollen estrategias específicas de relevo generacional, acompañadas de medidas para facilitar el establecimiento de nuevas explotaciones, el acceso a la formación y el asesoramiento.
También se plantea reforzar las ayudas a la renta destinadas a jóvenes agricultores y establecer paquetes de apoyo que contribuyan a superar las dificultades económicas y estructurales que encuentran quienes desean incorporarse a la actividad agraria.
El objetivo es favorecer la continuidad de las explotaciones y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en las zonas rurales.
Medio ambiente, simplificación y gestión de riesgos
La futura PAC también busca modificar la forma en que se aplican las exigencias medioambientales.
El Consejo propone combinar requisitos comunes de protección del medio ambiente con una mayor flexibilidad para que los Estados miembros adapten las medidas a las condiciones productivas de sus territorios.
Asimismo, se pretende reforzar los instrumentos de gestión de riesgos frente a fenómenos meteorológicos extremos, enfermedades animales y vegetales y situaciones de inestabilidad en los mercados.
La simplificación administrativa figura entre los objetivos de la reforma, aunque su alcance real dependerá de la normativa que finalmente se apruebe y de cómo se aplique en cada país.
España defiende sus prioridades en la negociación
España participa en estas negociaciones con especial interés por el peso económico y social de su sector agrario.
Tras el acuerdo alcanzado el 26 de octubre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresó su satisfacción y señaló que la posición acordada recoge prioridades españolas trabajadas con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las comunidades autónomas.
Para el campo español, y particularmente para regiones con una importante actividad agrícola como Castilla-La Mancha, el resultado de las negociaciones tendrá consecuencias relevantes.
Sectores como los cereales, el viñedo, el olivar y la ganadería deberán prestar atención a la evolución de las ayudas por superficie, las medidas sectoriales, los requisitos medioambientales y los programas de desarrollo rural.
También será especialmente importante conocer qué financiación se garantiza para las inversiones, la modernización de explotaciones y las iniciativas de desarrollo local, incluido el programa LEADER, cuya asignación mínima continúa sin estar definida.
¿Qué queda por negociar?
Aunque el acuerdo de octubre representa un avance, la reforma todavía debe superar varias etapas.
El Consejo deberá negociar con el Parlamento Europeo el contenido definitivo de la normativa, mientras los Estados miembros continúan debatiendo el marco financiero plurianual que determinará los recursos disponibles.
Entre los asuntos pendientes figuran la dotación económica, los límites de las ayudas, el funcionamiento de los nuevos planes nacionales y regionales y las condiciones concretas que deberán cumplir los beneficiarios.
La intención de las instituciones europeas es avanzar en los acuerdos presupuestarios para facilitar la aprobación de la legislación durante 2027 y permitir que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2028, sin interrupciones en la financiación.
Un periodo decisivo para el futuro del campo
Los próximos meses serán determinantes para conocer el alcance real de la nueva Política Agraria Común.
La reforma plantea cambios tanto en la estructura financiera como en la distribución de las ayudas y las condiciones para acceder a ellas. Sin embargo, mientras no exista un acuerdo presupuestario definitivo, agricultores y ganaderos seguirán sin conocer con precisión los recursos de los que dispondrán durante el próximo periodo.
La principal incógnita ya no es únicamente cómo será la PAC a partir de 2028, sino con qué presupuesto contará y cómo se distribuirá entre las explotaciones.
