Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha dirigido por escrito al Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, para interesarse por las posibles consecuencias que podría tener la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea por incumplimiento del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), pidiendo que las mismas, en cualquier caso, no se trasladen, a los ganaderos ni a los agricultores.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó determinados acuerdos sobre la finalización el procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado el 29 de agosto de 2016 a Castilla-La Mancha y a otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos se traducirían en el reparto de las responsabilidades financieras a cada Comunidad Autónoma de las correcciones impuestas por la Unión Europea sobre los pagos PAC realizados entre 2009 y 2013 derivados del incumplimiento de la normativa europea sobre aplicación del coeficiente de admisibilidad de Pastos (CAP).
La corrección se elevaría a casi 263 millones de euros, de los cuales, 32 millones de euros corresponderían a Castilla-La Mancha. Por encima estarían las sanciones a Extremadura (cerca de 80 millones de euros), Andalucía (64 millones) y Castilla y León (58 millones), que absorberían la mayor parte de la corrección.
Todas las regiones, salvo Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares y Navarra (que habrían aplicado el CAP correctamente desde un principio) estarían afectadas en mayor o menor medida.
El tema arranca de largo, puesto que la decisión de la Unión Europea se conocía ya desde marzo del año pasado y tras publicarse la misma en el Diario Oficial de la UE se abrió el plazo para que las Comunidades Autónomas alegasen a la misma, lo que ha dado lugar a una ligera rebaja de la sanción en principio anunciada por las autoridades comunitarias, que era de 272 millones de euros.
En esta corrección y otra precedente por el mismo tema en los años 2007 y 2008 está el origen de las modificaciones del CAP de estas últimas campañas y que ha llevado a rebajar la superficie elegible a efectos de ayudas, por entender según los criterios de la Unión Europea que parte de ella no era aprovechable para pastos por su cobertura arbolada u otros motivos, ignorando en muchos casos las particularidades de paisajes agrarios españoles como la dehesa.
Tras su paso por el Consejo de Ministros, queda aún el recurso de acudir al Tribunal Supremo, según se explicó desde el FEGA en marzo del pasado año al iniciarse el expediente.
Ante estas preocupantes noticias, Unión de Uniones se ha dirigido por escrito al Consejero de Agricultura para confirmar su alcance y ser informado del sujeto de la responsabilidad financiera de la corrección impuesta, una corrección que según nuestra organización ha expresado al Consejero, en ningún caso debería repercutirse sobre los pagos percibidos o a percibir por los ganaderos y agricultores.
