Unión de Uniones ha informado que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha actualizado las normas de condicionalidad de las ayudas PAC aplicables en la región, con la publicación en el Diario Oficial de la Orden 65/2018. Estas normas de condicionalidad constituyen un conjunto de obligaciones legales y de buenas prácticas agrarias que, con objeto de no sufrir penalizaciones en las ayudas PAC, hay que respetar en materia medioambiental, de seguridad alimentaria, de identificación, sanidad y bienestar del ganado y otros ámbitos. Esta condicionalidad de las ayudas afecta tanto a los pagos directos de la PAC, como a determinadas ayudas al desarrollo rural y subvenciones en el sector vitivinícola.
Realmente no hay grandes diferencias respecto a la condicionalidad que se ha venido aplicando hasta ahora, salvo en la imposición de dos nuevas normas que han dado bastante que hablar y que han entrado en vigor este año. Por un lado, está la prohibición de usar sistemas de plato, abanico o cañones en la aplicación de purines y por otro, la de enterrar lo antes posible los estiércoles sólidos. En ambos casos se trata de imposiciones que arrancan de la última modificación del Real Decreto 1078/2014 del Ministerio de Agricultura.
No obstante, en ambos casos, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, dentro del margen que permite la legislación nacional, ha decidido aplicar ciertas excepciones a estas nuevas exigencias. Así, en el caso de los purines, se reconoce que hay que conceder un plazo razonable para que los agricultores puedan adaptar sus equipos, por lo que se permitirá el uso de sistemas de plato o abanico (no los cañones) hasta el 1 de noviembre de 2018 para las empresas de servicios y hasta el 1 de diciembre de 2018 para el resto de empresas agrícolas y ganaderos.
En cuanto a la urgencia en el enterrado de estiércoles sólidos, quedan exentos de cumplir esta medida los cultivos realizados mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes y también cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado.
Además, también como novedad, ha dejado de ser exigible por condicionalidad la comunicación en plazo a la administración de los movimientos de los animales de ovino y caprino.
¿A cuáles ayudas se aplican?
El listado de ayudas sometidas a las condicionales es extenso. De entre las más comunes y conocidas por agricultores y ganaderos, deberán cumplirlas todos los beneficiarios de los pagos directos de la PAC (básico, verde, jóvenes y acoplados), aunque quedan exentos los acogidos al régimen de pequeños agricultores. También han de cumplirlas quienes cobren primas anuales de forestación, medidas agroambientales y agroforestales, agricultura ecológica, red natura 2000, indemnización en zonas con limitaciones naturales y ayudas al bienestar animal e, igualmente, los perceptores de ayudas para la reconversión y reestructuración de viñedo.
Controles de condicionalidad
La condicionalidad de las ayudas abarca tres grupos de exigencias o ámbitos de control:
Medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrícolas de la tierra
Salud pública, sanidad animal y fitosanidad
Bienestar animal
Hasta un total de 134 requisitos deben cumplirse entre los tres grupos, considerando tanto los Requisitos Legales de Gestión (RLB) como las Buenas Condiciones Agrarias y Medio Ambientales (BCAM) y la Consejería de Agricultura será la responsable de realizar las inspecciones y controles que garanticen su cumplimiento, a través de sus diferentes servicios especializados en cada una de las materias.
Al menos un mínimo del 1 % de los beneficiarios será controlado sobre el terreno, al margen de las comprobaciones administrativas que puedan llevarse a cabo. En el último año del que se tienen datos, que es el 2016, a nivel del Estado se hicieron 14.004 controles, de los cuales 1.227 se realizaron en Castilla-La Mancha. Eso es más de un 1 %; ya que los controles pueden realizarse sobre una muestra más amplia si la normativa específica de la medida en cuestión así lo contempla. Esto es lo que sucede con la identificación animal, por ejemplo, para la que se vigila como poco el 3 % de las explotaciones de vacuno y el 5 % de las de ovino y caprino. También se sube el porcentaje mínimo de controles si en determinada exigencia se observan inobservancias graves que hace conveniente ampliarlo en la siguiente campaña.
Los controles sobre el terreno implican visitas a las parcelas e instalaciones de las explotaciones agrarias, que tienen que ser comunicadas previamente a los interesados. No obstante, esta comunicación no debe realizarse con una antelación tal que permita que el control no cumpla con su objetivo. Como norma general, no se avisará nunca con más de 14 días de antelación, ni de 48 horas en el caso de las explotaciones ganaderas.
De estos controles se emitirá un informe por parte del organismo inspector que, en caso de concluir un incumplimiento achacable al beneficiario, inicia un expediente administrativo, dando al interesado 15 días hábiles para presentar las alegaciones que estime oportunas.
Del resultado del expediente resultará un informe definitivo y, en un máximo de 3 meses, una resolución que, si es negativa para el beneficiario de la ayuda, podrá ser recurrida por los procedimientos habituales.
Penalizaciones
Si no se respetan las normas de condicionalidad y el resultado es imputable al beneficiario de la ayuda o pago, dará lugar a una penalización sobre los pagos que se le hayan concedido o que vayan a concedérsele por las ayudas solicitadas en el año en que se haya detectado el incumplimiento o, en su caso, por las solicitudes de reestructuración de viñedo. Hay que tener en cuenta que para cada uno de los 134 requisitos se hará una evaluación independiente
Para cuantificar las penalizaciones se atenderá a su gravedad (A Leve, B Grave, C Muy Grave); al alcance de las repercusiones (A sólo la explotación, B fuera de la explotación) y la persistencia de los efectos (A sin efectos o menos de un año, B subsanables más de un año, C no subsanables).
El porcentaje de la reducción de la ayuda dependerá de la combinación de estos criterios y pueden ir desde el 1% al 5%.
Además, si existe reiteración en el incumplimiento, en la primera reiteración que se produzca la reducción aplicada se multiplicará por tres. En caso de una reiteración más (aunque no sean seguidas) la administración considera que hay ya “intencionalidad”.
Si por este motivo, o por otros (manipulación de equipos o sistemas, falsificación de documentos u ocultación a la autoridad de animales enfermos o maltratados) se aprecia que hay intencionalidad en el incumplimiento, las penalizaciones ya pueden ser más importantes y pueden quedarse en el 15 %, subir al 20 % o incluso llegar al 100%, en función de la gravedad, el alcance y la persistencia de los incumplimientos. Igualmente, en caso de incumplimientos deliberados, se puede llegar a decidir la exclusión de uno o varios regímenes de ayuda y aplicar la misma durante uno o varios años.
Además, hay que tener en cuenta también que el incumplimiento de más de una de las exigencias acaba conduciendo, por diversas vías, a la aplicación de las máximas reducciones, ya sea por RLG o BCAM, por ámbito de control o por expediente.
Como aproximación a cómo influye la condicionalidad en el tema de las ayudas, cabe decir que en 2016, que es el último año del que hay datos oficiales de momento, del total de 84.259 beneficiarios de ayudas sometidas a la condicionalidad en la región, han sido sancionados 604. A la mayor parte de ellos, 555, se les han impuesto sanciones de entre el 1 % y el 5 %, que son las menos graves, mientras que sólo se apreció reiteración en 14 de ellos e intencionalidad en 1.
¿Y el sistema de alerta rápida?
La reglamentación comunitaria, por un tema de simplificación, aprobó el pasado año (y así lo trasladó el Ministerio en la modificación del Real Decreto que regula la condicionalidad) la posibilidad de que las Comunidades Autónomas pongan en marcha un sistema de “alerta rápida”. Mediante este sistema se podría avisar a los agricultores o ganaderos que se ha detectado algún incumplimiento de menor gravedad, alcance y persistencia, concediéndole un plazo para subsanarlo de forma que, si se corrige la falta, no daría lugar a reducciones de las ayudas. Este sistema no está recogido en la orden y Unión de Uniones se ha dirigido a la Consejería de Agricultura, solicitando aclaración sobre este asunto y pidiendo que se pongan en marcha en nuestra región.
Los requisitos a cumplir
En cuanto a cuáles son las exigencias de condicionalidad, muchas de ellas son ya conocidas por los agricultores y ganaderos, porque se han venido aplicando estos años de atrás. Es muy recomendable echarle un vistazo al listado que aparece en la orden. No obstante, aquellas en las que están siendo más frecuentes los incumplimientos son las siguientes:
Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que incluye diversas exigencias en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitrato y que tienen que ver con no llevar los registros de fertilización, no disponer de planes de gestión de purines o estiércoles, no respeto de distancias mínimas a masas de agua, capacidad insuficiente de los depósitos de almacenamiento, etc…
Uso de fitosanitarios, con infracciones relacionadas con el uso inadecuado de los mismos.
Seguridad alimentaria en la ganadería, en cuanto a gestión y registros de piensos medicamentosos, cumplimiento de los planes de sanidad animal, condiciones de las salas de ordeño o de las instalaciones de almacenamiento de la leche o trazabilidad de los operadores, por ejemplo
Y, por último, donde se están produciendo un mayor número de transgresiones es en el tema de las autorizaciones y derechos del agua para riego, por no disponer de las mismas, o bien por superar las dotaciones de las que se disponen o los ámbitos de la autorización.
