Un grupo de expertos especializados en agua, entre los que se encuentran el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; el consultor internacional en agua, Ramiro Aurín, y el abogado y economista Lorenzo Dávila, ha alertado sobre “la alarmante situación” de los acuíferos españoles y ha señalado a la Administración estatal por su “inacción” frente el problema de las aguas subterráneas en España.
Durante las jornadas “El agua y el futuro de los suministros sostenibles: Visión2020+”, Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, ha puesto de manifiesto que “se detecta un alto grado de disfunción entre la gravedad del problema y las acciones emprendidas por las administraciones públicas”.
Ello se aprecia, por ejemplo, en los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que en el entorno de Doñana se han cerrado unos 250 pozos y 11 depósitos privados; en la cuenca del Segura, se han tramitado, desde 2013, orden firme de clausura para un total de 300 pozos; en la del Tajo, se han incoado 117 expedientes sancionadores en los tres últimos años; en la del Guadiana, se han clausurado 87 pozos desde 2010, y en la cuenca del Júcar, se han registrado 59 expedientes sancionadores sobre derivaciones o extracciones de aguas sin título legal que lo ampare.
Según datos que recoge el propio Ministerio, en 2006 se admitía la existencia de 510.000 pozos ilegales existentes en España, una cantidad que la organización ecologista Greenpeace eleva a más del doble. En ese sentido, la organización conservacionista puso en marcha hace unos meses la plataforma Fíltrala para denunciar de forma anónima y confidencial la existencia de pozos ilegales.
Greenpeace estima que de estos pozos ilegales podrían estar extrayéndose hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes.
Recuerdan que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, “pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad”.
