Agricultor Genuino y reparto de ayudas PAC… Los ministros no se aclaran… o no quieren aclararse. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

El lunes 18 de marzo se reunió el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. De entre los puntos de su agenda, la Reforma de la PAC centró una parte importante de los debates. A la vista de la lectura del documento de conclusiones, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que lo que parece estar más en crudo es, precisamente, la propuesta de planes estratégicos nacionales y, en concreto, los ejes básicos de lo que definiría el nuevo reparto de ayudas: la definición de agricultor genuino, los pagos redistributivos para las primeras hectáreas de las explotaciones y la aplicación de recortes crecientes en función del montante de pagos a percibir… Los ministros tienen miedo a un nuevo reparto de los pagos y no se aclaran… o no quieren aclararse.

La Presidencia del ministro rumano de Agricultura, Petre Daea, que dirige los debates durante este primer semestre de 2019, sometió a la consideración de sus colegas en el Consejo de ayer un documento en el que expone su interpretación del estado actual de los debates sobre la Reforma de la PAC.

En lo que sería el llamado “Reglamento Horizontal”, que contiene las normas sobre sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC y en el Reglamento de la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios, el nivel de discrepancias entre las distintas delegaciones parece ser menor y por ello estarían en un estado más avanzado de consenso.

Quedarían, no obstante, cuestiones pendientes como la definición del umbral a partir del cual a los agricultores se les recortarían los pagos por aplicación de la disciplina financiera para sobrepasar las asignaciones nacionales disponibles (en la actualidad 2.500 euros y se habla de reducirlo a 2.000) o la transferencia de fondos de la reserva de crisis no utilizada a la campaña siguiente.

En cuanto al Reglamento de OCM, aquí, en Castilla-La Mancha habrá que seguir muy de cerca algunos asuntos que se quieren colar en las normas sobre el sector vitivinícola. Hay una propuesta sobre la mesa de flexibilizar el uso de determinadas variedades de vid hibridas y la vitis labrusca hasta ahora prohibidas, aunque finalmente no existiría acuerdo sobre esto y se mantendría la prohibición, si bien permitiendo a las DO su utilización si así lo aprueban. Luego hay temas relacionados con el etiquetado, sobre todo en lo que tiene que ver con el etiquetado de productos vinícolas total o parcialmente “desalcoholizados”, donde España se niega (no puede ser de otra manera y así lo ha reclamado también Unión de Uniones) a que se etiqueten como “vinos” y se debería pedir, además, que los vinos enriquecidos mediante chaptalización también lo pongan. De igual manera, está pendiente la implantación en la futura OCM del etiquetado nutricional del vino, sobre el que presionan las autoridades de salud europeas y sobre el que los ministros se posicionan a favor de introducirlo a lo largo de un cierto período transitorio.

El reparto de pagos

No obstante, donde Unión de Uniones vemos el tema menos maduro, es en el Reglamento de los Planes Estratégicos que contienen toda la arquitectura de los futuros pagos directos de la PAC y las ayudas al desarrollo rural.

Ya en octubre del año pasado, desde nuestras páginas nos manifestamos sobre la incierta manera que tenían los ministros de la UE de abordar este asunto y, de forma especial, todo lo que tiene que ver con introducir un nuevo modelo de pagos directos. Por un lado, se quiere no renacionalizar la PAC y repartir mejor las ayudas… pero por otro se pedía que los mecanismos que servirían para ese mejor reparto sean facultativos para el Estado miembro y que la flexibilidad para aplicarlos fuese máxima.

Desde entonces hasta ahora las cosas no parecen haber cambiado mucho. Así, por ejemplo, en el informe que presentó la Presidencia se dice que, a lo largo de los debates de estos meses, los Estados miembros han venido expresando su preferencia por definir con carácter voluntario a los agricultores genuinos, en particular la posibilidad de establecer un umbral por debajo del cual todos los agricultores puedan ser considerados genuinos.

También se ha constatado que los países quieren seguir debatiendo el concepto de reducción de pago, es decir, la aplicación de recortes progresivos a los pagos directos que la Comisión propone a partir de montantes anuales de ayuda de 60.000 euros y que implicaría que nadie cobrará por encima de 100.000 euros.

En paralelo, los Estado miembros se sienten más inclinados a dejar también a decisión de cada país si en su territorio ponen en marcha o no el pago redistributivo que iría a dar un complemento de ayuda a las primeras hectáreas de todas las explotaciones con el fin de favorecer más a las de dimensión reducida o mediana.

Combinando las tres cuestiones (agricultor genuino, modulación y redistribución) desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se interpreta que los Ministros vuelven a tener miedo de tocar el actual reparto de ayudas de la PAC… un reparto, no lo olvidemos, que hace que, en la actualidad, un 5 % de los beneficiarios de la PAC se lleve el 50 % de todas las ayudas directas.

La organización considera que otras muchas decisiones sobre la Reforma de la PAC, como la regulación de los mercados o la política comercial y el control de lo que se importa, tendrán una incidencia vital en el nivel de precios que percibimos los agricultores y ganaderos, y que es mantener un nivel de precios suficiente y estable de donde debe proceden el grueso de nuestra renta.

Sin embargo, también concedemos la importancia que tienen a los pagos directos, porque es la manera en la que se puede remunerar justamente a los agricultores y ganaderos profesionales los bienes públicos que se ofrecen a la sociedad y que el mercado no paga y también el medio para compensar todas las limitaciones y exigencias que se nos imponen y que representan unos mayores costes de producción para nosotros.

Entre las propuestas que la organización está presentado a los partidos políticos como motivo de las convocatorias electorales y que se han defendido en las manifestaciones de pasados días llevadas a cabo por Unión de Uniones en diversos territorios y que se extenderán también a Castilla-La Mancha en próxima fecha, se incluye que los pagos directos sean para los profesionales de la agricultura y la ganadería y que se pongan en marcha los mecanismos que prevé la todavía propuesta de reforma de la PAC para una mejor redistribución de las ayudas.

También en el contexto de la Reforma, en el Consejo se informó  del resultado de la conferencia “Planes estratégicos de la PAC, explorando esquemas de ecoclima”, celebrada en Leeuwarden (Holanda), los días 6 y 8 de febrero de 2019. Traemos este punto a nuestras páginas, porque entre las conclusiones alcanzadas por los alrededor de 150 participantes de la Comisión Europea, de 25 estados miembros, organizaciones de agricultores, ONG e investigadores, se puso de manifiesto que uno de los factores de éxito de las actuaciones medioambientales de la futura PAC debe ser que representen una carga administrativa mínima para los agricultores y que en aquellas áreas europeas que deban hacer un mayor esfuerzo de restauración ambiental la condicionalidad de las ayudas debe ser mínima para que esa restauración pueda abordarse mediante ecoesquemas compensados que resulten atractivos para los agricultores y ganaderos.

Bioeconomía y agricultura

Algunos asuntos más fueron abordados por los ministros, como la forma en la que la futura PAC puede contribuir a desplegar la bioeconomía en la actividad agraria, como un instrumento que mejore su competitividad, su aportación a la conservación del entorno y la lucha contra el cambio climático y al desarrollo rural.

Desde 2012 la UE está embarcada en implementar en todos los sectores económicos su Estratégica de Bioeconomía y, en relación a la agricultura, el tema será tratado en una Conferencia específica en Bucarest del 4 al 5 de abril de 2019 y en una reunión informal de ministros de agricultura el 3 -4 de junio de 2019.

¿Poner precio al agua?

Por último, Unión de Uniones pone el acento en el informe presentado sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión de agua y agricultura, celebrados en Sorø (Dinamarca), el 27 de noviembre de 2018 y en Bucarest (Rumanía) el 5 y 6 de febrero de 2019.

Ojo a estos trabajos, porque en el primero de ellos el tema central fue la contaminación difusa procedente de la agricultura y en las medidas que cabía adoptar para reducirla; y el segundo versó sobre los diferentes instrumentos financieros de la UE que pueden ser utilizados para sufragar las inversiones necesarias para una mejor gestión del agua en la agricultura y entre las cuestiones apuntadas en las conclusiones se cita que “los precios del agua también pueden desempeñar un papel importante para la gestión sostenible del agua en la agricultura”. Sobre esto, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha está totalmente en contra: ponerle precio al agua es abrir el mercado del agua y en un mercado de un bien escaso como es el agua (y en nuestra región, no digamos) el riesgo de especulación es enorme. En ese mercado especulativo los que más tienen que perder son los agricultores y ganaderos profesionales que quieren el agua para regar y producir, no para negociar con ella.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

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