CCOO-Industria Castilla-La Mancha celebrará el próximo 2 de octubre en Cuenca una “jornada para el análisis y la reflexión” sobre las macrogranjas y explotaciones de porcino en la región, donde están proliferando estas explotaciones ganaderas industriales al tiempo que crece la contestación social a su instalación.
El sindicato quiere debatir con todas las partes implicadas sobre la viabilidad económica, laboral, social y medioambiental de las denominadas ‘macrogranjas’, y contará para ello con el Gobierno de Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural); la integradora ICPOR; la organización agraria ASAJA; la organización Ecologistas en Acción y la Plataforma STOP Macrogranjas CLM; además de los responsables estatales del sector del campo y del gabinete económico de CCOO-Industria, Javier Velasco y José Díaz, respectivamente.
Las ayudas otorgadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene al sector porcino como estratégico, ha provocado una avalancha de solicitudes de licencias de explotación de macrogranjas de porcino en esta región. Sólo en la provincia de Cuenca se tramitaron 33 en 2018, mientras que en años anteriores no llegaban a cuatro. Simultáneamente, 2018 fue el punto álgido de las movilizaciones vecinales contra la instalación de macrogranjas en sus localidades.
El pasado mes de enero, CCOO-Industria ya elaboró un extenso estudio sobre la problemática de las macrogranjas, que seguirá ampliando con sucesivos estudios y debates, el primero de los cuales será el que se celebrará en Cuenca.
“Afrontamos esta cuestión desde la perspectiva de valorar hechos consumados porque la expansión de las macrogranjas es ya una realidad. España se ha convertido en el tercer productor mundial de porcino, solo por detrás de EEUU y China. Producimos mucho más de lo que consumimos”, apuntan desde el sindicato.
“Nuestro primer objetivo es el conocimiento de la realidad, desde la más amplia perspectiva posible, para adoptar las decisiones más acertadas. Para posicionarnos como sindicato, queremos conocer todos los puntos de vista, analizar todas las variantes, considerar todos los efectos”, añaden.
CCOO Industria “está a favor de toda actividad que genere empleo estable y de calidad, tanto más necesario en el mundo rural. Pero estas actividades tienen que garantizar viabilidad social, económica y ambiental. La falta de cualquiera de ellas debe cuestionar nuestro apoyo a este tipo de actividad”, indican.
Desde el punto de vista meramente económico, la ganadería intensiva tiene un impacto positivo en el aumento de las balanzas comerciales, el incremento del PIB, el beneficio empresarial de las grandes compañías integradoras que concentran y dominan el negocio; mientras que apenas garantiza la subsistencia a los ganaderos -además de acabar con la viabilidad de la ganadería extensiva y las pequeñas explotaciones-, lamentan.
En términos de empleo, desde CCOO afirman que no hay que analizar solamente los empleos directos e indirectos que generan las macrogranjas, sino también los que destruyen. Señalan que las instalaciones donde se concentran miles de animales en unos espacios reducidos su gestión requiere muy poco empleo directo, aunque a la vez promueven actividad y empleo tanto en la agricultura -la propia ICPOR proyecta instalar en Montalvo (Cuenca) una fábrica de pienso que, según la Integradora, absorberá el 40% del cereal generado en la provincia- como en el potente sector cárnico de la región.
Desde un punto de vista social, la instalación de macrogranjas debe contar con el apoyo mayoritario de los habitantes de la zona, de las personas que deban convivir con ellas. Antes de otorgar las preceptivas licencias, los ayuntamientos -los equipos de Gobierno municipal- tienen que someter cualquier proyecto de este tipo a la consideración y aprobación de sus vecinos, recuerdan desde CCOO.
En cuanto a los impactos medioambientales -contaminación del aire, acuíferos y suelos; alto consumo de agua, afectación a hábitats, riesgos para la Salud Pública…- si no hay soluciones reales a la gestión de los purines es obligado controlar la expansión de macrogranjas. “No valen las buenas palabras del promotor, la Administración autonómica debe ser muy rigurosa antes de autorizar instalaciones ganaderas intensivas”, finalizan.
