Tradicionalmente España ha sido un país agrícola y sigue teniendo uno de los PIB agrarios más altos de la Unión Europea. No solo es un sector generador de economía y empleo, sino que la cadena de valor que proporciona el sector agroalimentario comprende las necesidades vitales y además proporciona bienestar social y protección de territorios e identidad social y cultural.
Reconocemos el enfado y protestas de la agricultura española y, a pesar de que hay quien defiende que el problema es la subida del SMI (principalmente los partidos de la derecha ultra y liberal, y las organizaciones que defienden los intereses de los latifundistas), las quejas se centran en la diferencia de los precios que se pagan al productor en origen y el importe final del producto en tienda; una injusticia denunciada por el sector e históricamente ignorada.
En un país como el nuestro, con escasez de agua, los cultivos tradicionales de secano se han transformado para aumentar la producción con sistemas de regadío, introduciendo además cultivos no autóctonos que requieren mayor cantidad de agua. La batalla por los recursos y la competencia en los precios presiona principalmente a las pequeñas y medianas explotaciones, que se ven obligadas a reducir los costes de producción (fundamentalmente a costa de salarios y modernización e innovación) y a rentabilizarla al máximo.
Ante este panorama podría parecer que la subida del salario mínimo interprofesional se suma a estos agravios, pero las estadísticas del empleo agrario arrojan resultados que desmantelan este argumento, por lo que no es cierto que la responsabilidad de la larga crisis del sector agrícola se deba al coste de los salarios de producción. Nuestro campo tiene problemas estructurales que no se pueden resolver bajando o congelando los salarios de las personas asalariadas, que son, junto a las y los pequeños productores, el eslabón primero de esta cadena y quienes sufren con más virulencia los costes de producción cada vez más altos, los precios preocupantemente bajos de sus productos frente a la situación de poder que ejercen los intermediarios y las grandes cadenas distribuidoras, la competencia de precio (que no de calidad) de los mismos productos que se importan y la imposición de las reglas de tratados comerciales internacionales.
¿Cómo se puede permitir que quien nos alimenta renuncie incluso a recolectar su cosecha por imposibilidad de rentabilizar los jornales? Existe una manipulación interesada desde los sectores conservadores, quienes, con políticas salvajemente liberales intentan poner el foco sobre los salarios para que no se hable de las ventajas a los grandes latifundistas que copan los mercados y provocan la asfixia de las y los pequeños y medianos agricultores, a costa de la dignidad obrera, de la salud alimentaria (el uso de agentes químicos que aceleran la maduración de los frutos, mantenimiento para soportar largos transportes, control de plagas, conservantes, antioxidantes, etc. ) y la destrucción de nuestras tradiciones y modos de vida, donde la venta directa del campo a la cesta de la compra en mercadillos y mercados locales ha sido tradicional a lo largo de los siglos, y que debemos cuidar y mantener como hacen nuestros vecinos de la UE (Francia, Bélgica, Alemania…).
Como personas consumidoras, debemos apostar por productos cercanos que son la base de la economía de muchas familias, algunas, nuestras propias vecinas. Como clase obrera, debemos ponernos del lado que nos corresponde. Como ciudadanía de una región fundamentalmente agrícola y que se vacía, debemos defender nuestro campo y modo de vida.
Como partido político, Podemos C-LM siempre apoyará las reivindicaciones de nuestra gente, y se posicionará al lado de quien defiende la honestidad y la solidaridad entre las personas, el empleo digno y la calidad de vida para todos y todas.
Podemos Castilla-La Mancha
