ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado el acuerdo parcial sobre los Reglamentos Transitorios de la PAC (Política Agraria Común) que han aprobado esta semana el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, y que supone la ampliación a dos años de la aplicación de las normas actuales de la PAC, que expiran a finales de 2020, en lugar de uno, como había propuesto inicialmente la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A falta del acuerdo en el Marco Financiero Plurianual, los altos representantes de la negociación a tres bandas (Parlamento, Consejo y Comisión) han pactado asegurar que los agricultores y ganaderos sigan recibiendo sus ayudas de la PAC de manera regular, tanto las ayudas del Primer como del Segundo Pilar, durante al menos dos años, fecha en la que se espera que se ponga en marcha la nueva PAC post 2020.
También han acordado un acceso más fácil a las compensaciones de gestión de riesgos y a la ayuda nacional que conceden los Estados Miembros.
No obstante, el texto aprobado aún debe actualizarse con las cifras pertinentes del futuro presupuesto a largo plazo de la UE, que aún no se han acordado. Por ello, ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido un presupuesto sólido para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a los nuevos retos y requisitos que marca la Unión Europea.
Una vez que se alcance el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021-2027, los negociadores del Parlamento y del Consejo se reunirán de nuevo para ultimar las normas transitorias de la PAC para 2021-2022. Así pues, el texto final tendrá que ser aprobado por ambos, el Parlamento y el Consejo, antes de que pueda entrar en vigor.
Periodo de dos años de transición
La duración del período de transición, que comenzará el próximo 1 de enero de 2021, deberá ser de dos años, según acordaron los negociadores del Parlamento y del Consejo. La Comisión Europea –y también el Ministerio de Agricultura- propuso originalmente un período de transición de un año de duración, que ambos colegisladores consideraron insuficientes debido a los repetidos retrasos en las negociaciones presupuestarias del Marco Financiero Plurianual (MFP) a largo plazo de la UE y las conversaciones sobre la reforma de la PAC, estrechamente relacionadas con ellas.
Por otro lado, los eurodiputados han logrado convencer al Consejo y a la Comisión para que permitieran a los Estados Miembros facilitar el acceso de los agricultores a posibles compensaciones por la grave caída de los ingresos y por las pérdidas causadas por los fenómenos climáticos adversos, los brotes de enfermedades animales o vegetales o las infestaciones de plagas. De este modo, el umbral de activación de las indemnizaciones podría reducirse del 30% al 20% de las pérdidas.
Además, el Parlamento Europeo ha logrado medidas que dan a los Estados miembros más margen de maniobra para apoyar a los agricultores, especialmente durante la crisis de COVID-19. Entre ellas figuran, por ejemplo, la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales para permitir que las autoridades nacionales calculen los impuestos adeudados a los agricultores sobre la base de sus ingresos plurianuales e incluso excluir temporalmente de los impuestos el dinero ahorrado por los agricultores durante los años malos, y para algunos Estados Miembros la ampliación de la ayuda nacional transitoria hasta el final de 2022.
Asimismo, la duración de los nuevos proyectos plurianuales de desarrollo rural centrados en la agricultura biológica, el bienestar de los animales y las medidas agroambientales y climáticas se limitará a cinco años. La Comisión propuso originalmente una duración máxima de tres años y sólo para proyectos biológicos y relacionados con el clima y el medio ambiente.
Una reserva de crisis más eficaz en el futuro
Durante las negociaciones, los eurodiputados repitieron su llamamiento para financiar la reserva para la crisis agrícola con cargo al presupuesto de la PAC. El acuerdo parcial no incluye cambios en su funcionamiento actual. Pero los diputados insistieron, en su declaración política no vinculante adjunta al texto legislativo, en que las propuestas para una reserva de crisis más eficaz, bien financiada y acumulada deberían revisarse una vez que se acordara el futuro presupuesto a largo plazo de la UE.
