“Suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental y suspensión de las obras de construcción llevadas a cabo al quedar suspendida la ejecución de ambos actos administrativos que las amparan”; así dicta la Resolución enviada al ayuntamiento de Villanueva de la Jara el pasado jueves 2 de octubre en relación con la proyectada macrogranja porcina colindante a Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, según informan desde la plataforma StopmacrogranjaQDR.
Por el momento, los vecinos de Quintanar del Rey pueden tener un tiempo de respiro y coger fuerza después de las multitudinarias movilizaciones vecinales que vienen repitiéndose desde el mes de agosto contra la construcción de la macrogranja porcina, a escasos 350 metros de su pozo de agua, indican.
La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha dirigido dicha Resolución al ayuntamiento de Villanueva de la Jara, instándole a la suspensión de la obra y poniendo de manifiesto que las consultas que esta localidad debía haber realizado para la correcta tramitación del expediente de Impacto Medioambiental, no se hicieron; y, por tanto, el expediente está viciado desde el comienzo. Se reconoce, así, la situación de indefensión que Quintanar del Rey viene denunciando desde el comienzo de este litigio por no haber tenido la oportunidad de hacer sus propias alegaciones.
La plataforma StopmacrogranjaQDR a lo largo de estos dos meses ha tenido diversas reuniones con representantes de la Administración, como Luis Garijo, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, o Marta Gómez Palenque, directora general de Economía Circular, para aclarar y solicitar información sobre qué trámites se habían iniciado y con qué documentación se contaba para ello; ambos reconocieron que el citado ayuntamiento no había hecho consultas.
La presión ejercida por los vecinos de Quintanar del Rey, cuya voz no ha dejado de oírse en estos dos últimos meses, ha forzado al inicio de trámites administrativos de revisión del proyecto, lo que ha dado lugar a la resolución dictada por la Junta de Comunidades en la que se anula el Informe de Impacto Ambiental.
