La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha denunciado la situación de incertidumbre que atraviesan cientos de agricultores de la provincia de Albacete por el futuro de sus pozos de agua.
La organización teme que la Confederación Hidrográfica del Segura rechace más de 450 solicitudes para regularizar pozos que permiten extraer hasta 7.000 metros cúbicos de agua al año, pese a que, según sostiene, sus propietarios tienen reconocido ese derecho por ley.
Así lo ha trasladado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, después de mantener una reunión en Murcia con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Andrés Urrea, y la comisaria de Aguas, Ana María Arenas. Un encuentro que, según la organización, ha confirmado sus peores sospechas sobre el futuro de estos expedientes.
Morcillo ha denunciado en rueda de prensa la situación de «indefensión» en la que, a su juicio, se encuentran los afectados, muchos de los cuales llevan años intentando inscribir sus pozos en el registro correspondiente.
El conflicto afecta a los denominados pozos de 7.000 metros cúbicos, pequeñas captaciones de agua que, bajo determinadas condiciones establecidas por la legislación, pueden utilizarse sin necesidad de obtener una concesión administrativa. Para muchos propietarios, estos aprovechamientos representan una fuente de agua importante para mantener sus explotaciones.
Un conflicto que se remonta a hace años
La organización agraria recuerda que el enfrentamiento con la Confederación no es nuevo. Según ha explicado Morcillo, el organismo de cuenca lleva años poniendo obstáculos a la regularización de estos pozos, una situación que llegó a los tribunales.
En concreto, UPA se apoya en dos sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en marzo y abril de 2019, que anularon una disposición del plan de cuenca que exigía autorización previa para estos aprovechamientos en zonas cuyas aguas subterráneas no habían sido declaradas en riesgo de deterioro.
«Históricamente, el organismo hidrográfico ha puesto trabas a estos aprovechamientos a sabiendas de que actuaba en contra de la ley», ha asegurado el secretario general de UPA.
Tras aquellas sentencias, según explica la organización, la propia Confederación remitió comunicaciones a numerosos afectados en las que les informaba de las resoluciones judiciales y les indicaba los pasos necesarios para completar la inscripción de sus pozos.
Por este motivo, UPA considera especialmente grave que ahora puedan rechazarse solicitudes que, según denuncia, habían recibido previamente una valoración favorable por parte de la Administración.
Cartas que preocupan a los propietarios
La preocupación ha aumentado en las últimas semanas con la llegada de nuevas cartas de la Confederación a los interesados.
Según UPA, los propietarios esperaban recibir la confirmación de que sus pozos habían quedado inscritos en el registro. Sin embargo, están recibiendo notificaciones que les conceden un plazo para revisar sus expedientes y presentar alegaciones o aportar documentación antes de que se adopte una decisión.
Este procedimiento, conocido como trámite de audiencia, permite a los ciudadanos defender sus intereses antes de que la Administración resuelva una solicitud.
No obstante, la organización agraria interpreta estas comunicaciones como un paso previo a posibles resoluciones desfavorables, una sospecha que asegura haber confirmado tras su reunión con los responsables del organismo de cuenca.
Uno de los principales puntos de desacuerdo está en el momento que debe tenerse en cuenta para resolver cada expediente. Según ha explicado Morcillo, la Confederación se apoya en criterios judiciales que permiten valorar las condiciones existentes cuando se dicta la resolución, aunque el pozo se construyera muchos años antes.
«Da lo mismo que el pozo se hiciera hace diez años, ellos eligen el momento de la inscripción y toman como referencia la situación actual para resolver», ha criticado.
Para UPA, aplicar este criterio supone perjudicar a propietarios que iniciaron sus trámites cuando las condiciones legales eran diferentes y que confiaron en las indicaciones recibidas de la propia Administración.
UPA estudia acudir a los tribunales
La organización insiste en que no se trata de solicitar nuevas concesiones de agua, sino de conseguir el reconocimiento administrativo de aprovechamientos que, según defiende, estaban amparados por la legislación.
Morcillo considera que los agricultores actuaron de buena fe y siguiendo las instrucciones de la Confederación, por lo que entiende que la Administración debe respetar la confianza generada entre los ciudadanos.
En este sentido, ha recordado que existen también resoluciones judiciales en Andalucía que distinguen entre el derecho a utilizar determinados volúmenes de agua reconocido por ley y las concesiones que requieren autorización expresa.
Ante esta situación, UPA Castilla-La Mancha ha anunciado que defenderá a los afectados y que no descarta emprender acciones judiciales, tanto individuales como colectivas, ni exigir responsabilidades si considera que se han vulnerado sus derechos.
La organización también se ha puesto a disposición de todos los propietarios de pozos de la cuenca del Segura que se encuentren en circunstancias similares para ofrecerles asesoramiento y orientación legal.
El conflicto mantiene así en vilo a cientos de regantes de Albacete, pendientes de una decisión administrativa que puede condicionar el futuro de sus aprovechamientos de agua y de sus explotaciones agrícolas.
