Castilla-La Mancha: movilidad, COVID-19 y seguridad jurídica. Santiago Ballesteros Rodríguez Abogado y asesor jurídico de la Oficina Nacional de la Caza

Agricultores, cazadores y gestores de cotos de caza de toda la Castilla-La Mancha han sido los grandes perjudicados por la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de inmovilizar a la inmensa mayoría de los cazadores en Castilla-La Mancha desde el pasado 21 de enero. De la noche a la mañana, con nocturnidad (la resolución se publicó de madrugada) y en mitad del partido, en plena temporada.

La seguridad jurídica es un principio rector de nuestra Constitución: que quienes tienen que cumplir la ley y aplicarla, la conozcan de antemano; que tanto administrados como guardias civiles, policías o jueces, tengan claras las reglas del juego; qué se puede y qué no se puede hacer. Democracia y seguridad jurídica van de la mano. Decía en otro artículo que la COVID y el BOE se han llevado la seguridad jurídica por delante. Se dictan resoluciones que condicionan el ejercicio de derechos fundamentales en lo que se tarda en freír un huevo. Y a veces, como en este caso, sin previo aviso, en un cuarto de hora, y en el minuto sesenta de partido, a mitad de temporada y con grandes trastornos y perjuicios para quienes practican esta actividad.

Escribía no hace mucho a propósito de la ‘necesariedad’ de la caza, que a nadie se le ocurre parar la vendimia, la aceituna o la siega. La uva, el melón, el trigo, son producciones del campo, como también lo son las piezas de caza. Los agricultores han puesto el grito en el cielo ante las restricciones a la caza, y lo hacen con toda la razón y todo su dolor. Filomena, la pandemia y el BOE le han dado la puntilla a muchas explotaciones. Por la red vuelan y se hacen virales videos de olivares, viñas o tierras de pistachos arrasadas por la acción de los conejos. A falta de monterías, los jabalíes y las ciervas se expandirán esta primavera y en su peregrinaje en busca de comida, generarán nuevos conflictos con la agricultura y más riesgo en las carreteras. 400.000 jabalíes y 200.000 ciervos tienen que ser cazados anualmente en España.

El boletín no es un juguete. Y por supuesto no puede ser una maquinilla de afeitar o una pistola en manos de un bebé. Legislar es una cosa muy seria. El cerrojazo a palo seco del pasado jueves, sin aviso, ha generado importantes trastornos al campo en Castilla-La Mancha. Con los daños, ha atado de pies y manos a agricultores y titulares de cotos. Y a los que viven de la caza, les ha hecho suspender cacerías autorizadas y legales que objetivamente no son un riesgo real para la salud pública. Convivo con una sanitaria, lo que me permite conocer de primera mano los riesgos de contagio y la evolución de la pandemia. Y por eso, ante las concentraciones de personal sin mascarilla en las mesas de las terrazas antes de la Navidad nos echábamos las manos a la cabeza. Y por eso, ahora, nos las echamos ante lo injusto de frenar en seco una actividad poco o nada perjudicial en materia de salud pública. Gráficamente un médico cazador amigo suele decir ¿qué riesgo generamos nosotros debajo de un chaparro esperando a un gorrino?

Legislar es regular, pero también dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos y permitir así que los negocios, las personas, pueden ejercitar sus derechos sobre la ley. ¿En qué quedamos? ¿Es o no es la caza necesaria? O lo es de mañana, de postre, al acostarse o al lavarse los dientes. ¿Qué datos médicos avalan que Castilla y León permita la movilidad de cazadores, y en Castilla-La Mancha se permita primero, se declare necesaria, y ahora se la confine y la inmovilice? El estado de las autonomías ha sido otra vez el circo Price en este aspecto y cada región ha hecho de su capa un sayo.

Está claro que la salud es lo primero, pero también que salud y seguridad jurídica no están reñidas. Que los ciudadanos están hartos de resoluciones que condicionan cada cuarto de hora sus derechos, su patrimonio, su vida. Y lo mismo les pasa nuestros agentes de la autoridad, que ‘ojipláticos’ asisten a los cambios en el marco jurídico, muchas veces con resoluciones que tienen que ser interpretadas por sus graves defectos de redacción.

Santiago Ballesteros Rodríguez

Abogado y asesor jurídico de la Oficina Nacional de la Caza

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