Aquí no sobra nada y menos en el campo. Editorial ‘La Tierra de la Agricultura y la Ganadería’, revista de UPA

La necesidad de reducir el desperdicio alimentario está pasando de ser una cuestión de concienciación social a convertirse en un verdadero problema con múltiples dimensiones políticas, económicas, medioambientales y, por supuesto, también sociales.

Así se explica que el Gobierno haya aprobado un proyecto para la primera ley que va a regular en España la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que así se llama, ahora sometido a consulta pública antes de ser remitido a las Cortes para su debate y tramitación parlamentaria.

La primera evidencia es la dimensión global de este tema. Cuando en democracia un problema se transforma en ley es el mejor reflejo de que la voluntad popular debe regular cómo atajarlo y ordenarlo. Porque, aunque a veces cueste que se cumplan y sean plenamente efectivas, las leyes marcan un camino de responsabilidad colectiva ante una realidad que, en este caso concreto, afecta a toda la población, sin excepciones.

El Gobierno español actúa empujado por la presión de la Unión Europea y los compromisos morales y formales con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenida sea esta presión si ayuda a regular la implicación de las grandes industrias alimentarias y, sobre todo, de las grandes empresas de distribución minorista, que es realmente donde está la mayor responsabilidad y capacidad de ir minimizando el derroche alimentario que supone el desperdicio.

Yendo del final al origen de la cadena, está claro que para actuar en los hogares y la responsabilidad individual solo caben estrategias de cultura y conciencia en los hábitos de vida. Y a ello se ayuda con campañas reiteradas de comunicación social, con la implicación de todos los medios actuales –que son muchos–, el apoyo de las Administraciones y, sobre todo, incorporando la cultura del “aquí no sobra nada” en todas las fases y ciclos educativos.

Ejemplos sobrados hemos dado ya como sociedad de ser capaces de asumir impulsos colectivos de progreso en múltiples aspectos. Y la reducción del desperdicio alimentario no parece el más difícil de los retos.

En el caso de la industria y especialmente de la distribución a gran escala es donde más se puede actuar con la nueva ley; además de en la restauración, que supone en España un tercio del consumo alimentario total.

No debemos olvidar que un reducido número de grandes empresas comerciales concentra en España cerca del 75% de todo el consumo de los hogares. Y que una sola empresa de supermercados, la que lidera el mercado, tiene una cuota del 25%. Algo se les podrá exigir para que asuman su responsabilidad en la reducción del desperdicio, sin que ello suponga penalizar en precios ni a los consumidores ni, por supuesto, a los productores.

En manos de estas grandes corporaciones está la solución tanto para la gestión responsable de los alimentos aprovechables en las redes sociales de solidaridad –en las que, por cierto, también habría que exigir mayor implicación pública– como en la mejora de los procesos comerciales y logísticos, minimizando también la generación de residuos de envases y la huella de carbono.

Y, finalmente, en el origen de la cadena estamos nosotros y nosotras, los productores de alimentos y materias primas agroalimentarias, el colectivo mayoritario de la agricultura y la ganadería familiar que, como en tantas otras cosas, somos más parte de la solución que del problema, también para reducir el desperdicio alimentario.

Nuestro posicionamiento en el debate sobre la nueva ley parte de una premisa irrevocable: en el campo se produce, no se desperdicia. Y si hay que enseñar a la sociedad la cultura del aprovechamiento, ahí estamos, porque en el campo se aprovecha todo, desde los productos de merma para siembra hasta los excrementos del ganado, pasando por los restos de poda transformados en energía. Sin dejar de destacar la eficiencia de los ciclos de producción ecológica, con peso creciente en todos los sectores, y los efectos positivos de la venta directa y de proximidad.

Editorial del número 286 de ‘La Tierra de la Agricultura y la Ganadería’, revista de UPA

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