Después de más de tres años de negociaciones, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se cerró finalmente en 2021 en la Unión Europea (UE) y los países miembros elaboraron planes de aplicación nacional como el que España envía este miércoles a Bruselas para ser revisado.
En noviembre pasado, la Eurocámara dio el último visto bueno a esa reforma de gran calado, que aumenta las medidas ambientales con el propósito de lograr una agricultura más sostenible, en línea con el Pacto Verde europeo, las estrategias de biodiversidad y «De la granja a la mesa», y los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático.
Ya en diciembre fueron publicados los tres reglamentos de la nueva PAC, centrados en la financiación, la organización común de mercados y los planes estratégicos nacionales.
En total, entre 2023 y 2027 se repartirán en la UE 386.000 millones de euros, de los que 47.724 millones corresponden a España, que cuenta con unos 630.000 beneficiarios.
De esas ayudas, los agricultores y ganaderos españoles percibirán más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, unos 700 millones en medidas de mercado y otros 1.700 millones en desarrollo rural.
Año de transición
Queda un año de transición en el que la normativa nacional deberá desarrollar las novedades de la nueva PAC, empezando por los ecoesquemas o ayudas ligadas a prácticas ambientales, que supondrán una cuarta parte de los pagos directos.
El resultado de las negociaciones
Mientras la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los países de la UE terminaban de ponerse de acuerdo en 2021, en España el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se reunía con las comunidades autónomas, el sector agrario y otros actores para sentar las bases del plan estratégico de aplicación de la PAC.
El plan acaba de ser presentado esta semana al Consejo de Ministros y este miércoles se remite a la Comisión, que deberá revisarlo en 2022 antes de su aprobación final.
Luis Planas
En una entrevista con Efeagro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, define el trabajo realizado como un «ejercicio de consenso básico» con las comunidades y las organizaciones agrarias.
Destaca que la nueva política agraria aspira a ser «más verde y social» (el 43 % del gasto va dirigido a medidas ambientales), a distribuir mejor las ayudas y promover la innovación y la digitalización del sector agroalimentario, respetando la «diversidad agronómica» de España.
Podrán cobrar las ayudas los agricultores activos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: tener un mínimo del 25 % de sus ingresos vinculados a la actividad agropecuaria, percibir menos de 5.000 euros anuales por la PAC o estar dados de alta como autónomos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
Según el plan, actualmente sometido a consulta pública, los productores podrán beneficiarse de los ecoesquemas si llevan a cabo prácticas de pastoreo extensivo, agricultura de conservación, siembra directa, cubiertas vegetales, espacios de biodiversidad y rotaciones de cultivo.
También se contemplan ayudas básicas a la renta y otras complementarias en el caso de pequeñas y medianas explotaciones, jóvenes y mujeres; se obliga a cumplir las normas laborales y se incluyen pagos asociados, programas sectoriales e intervenciones de desarrollo rural.
Preocupación entre los agricultores
El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, considera que el reparto de los fondos se podía haber hecho «de otra forma», ya que el acordado «penaliza a la agricultura profesional».
Asegura que le hubiera gustado que las organizaciones agrarias hubieran participado más activamente en su diseño y ve 2022 como un año de transición en el que confía que se puedan todavía cambiar algunos aspectos del plan estratégico nacional.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, se muestra «decepcionado» por el resultado de las negociaciones de una PAC que «no es justa ni social, ni responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones europeas».
Afirma que la nueva política agraria impone «una serie de requisitos medioambientales a cargo del agricultor profesional» sin regular otros aspectos del mercado como las importaciones y reclama que las ayudas redistributivas vayan dirigidas a los productores que viven del campo, a quienes «no se protege en absoluto».
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, apunta que con la reforma de la PAC se han introducido novedades importantes, como los techos máximos de ayudas por explotación o los pagos redistributivos, aunque hubiera preferido que se avanzara más en ambos casos.
«La agricultura familiar ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha garantizado el abastecimiento durante la pandemia», remarca Ramos, a favor de que los que más cobran reciban menos en favor de las explotaciones más profesionales.
Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, los agricultores tendrán que adaptarse a las nuevas normas comunitarias con el mismo presupuesto de la PAC de antes, pese a competir en los mercados internacionales con países terceros que no afrontan tales exigencias.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, critica la definición del agricultor activo, «que va a corregir poco o muy poco los actuales desequilibrios en el reparto de ayudas y deja al plan sin margen para compensar a los profesionales frente a algunos de sus mecanismos, como la convergencia o el recorte en el presupuesto de la ayuda básica». Belén Delgado. EFEAGRO
