El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario para dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.
El PERTE va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial. Contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos.
Tras el anuncio el PERTE ha recibido las primeras críticas. Así, desde el Partido Popular lo han calificado de “plan del tocomocho y tomadura de pelo”.
La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT FICA) ha exigido, por su parte, participar en el mismo.
Desde Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) esperan que el PERTE llegue a los eslabones más pequeños del sector.
Y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha afirmado que ve “insuficientes” las ayudas económicas para la industria.
