En el momento actual, la cuestión del reto demográfico supone un compromiso para el conjunto de las administraciones públicas desde la propia UE preocupada por el impacto demográfico en Europa y la brecha existente entre las zonas rurales y urbanas; los objetivos de Desarrollo Sostenible para “garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios” previstos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y las Directrices de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico desarrollada por el gobierno de España de acuerdo con lo aprobado en el Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019; además de las diferentes iniciativas legislativas que varias comunidades autónomas están desarrollando tomando como referencia la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural con la intención de incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión en favor de un nuevo modelo territorial y de cohesión social capaz de dar respuesta a la crisis funcional de amplios territorios de la España interior.
Con independencia de las actuaciones realizadas por el gobierno de España, la comunidades autónomas que conforman en la actualidad el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD) constituido en octubre del 2013 representado por ocho comunidades autónomas han tramitado o están en proceso de establecer iniciativas legislativas de carácter transversal con el intento de dotar de manera coherente las distintas políticas públicas para abordar el reto demográfico como son los casos de Castilla-La Mancha con la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural; Galicia con la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Impulso Demográfico; Extremadura con la Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial; Castilla- León con la Ley de Dinamización Demográfica; Asturias con el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027; Aragón con la Ley de Dinamización del Medio Rural y el Fondo de Cohesión Territorial; Cantabria que recientemente ha presentado su Estrategia Reto Demográfico y Despoblación o La Rioja que a finales del 2021 constituyó su Consejo Asesor de la Despoblación.
En este contexto son varias las disciplinas que se ocupan de abordar las diferentes perspectivas o enfoques relacionadas con el reto demográfico y sobre todo de poner en valor las causas que han propiciado que 4200 municipios españoles estén afectados por problemas de despoblación y 1840 de los mismos se encuentren declarados como espacios rurales en riesgo de desaparición como consecuencia de que España desde hace varias décadas no ha sido capaz de planificar ni orientar un modelo territorial de desarrollo de manera equilibrada y con ello afrontar en igualdad el fenómeno de la despoblación, entendida como una crisis del conjunto de territorio con dimensiones económicas, sociales y culturales no evaluadas ni planificadas en las diferentes estrategias empleadas en el tiempo; de ahí, que diferentes especialistas reivindican que es preciso configurar un nuevo modelo territorial distante del actual modelo de concentración de las inversiones, del empleo y de la producción en zonas urbanas metropolitana donde los criterios que puedan definir las líneas de actuación en cada estrategia territorial vayan más allá de lo relacionado con lo tradicionalmente marcado por las “leyes del mercado”, ahora más que nunca, es necesario corregir los desequilibrios generados que nos han conducido a una falta de cohesión social en igualdad de oportunidades y de calidad de vida entre el mundo rural y el urbano.
Para solucionar la actual crisis territorial en las zonas rurales es imprescindible y necesario contar con la participación de todos los interlocutores locales en el conjunto del territorio y no olvidar el objetivo más importante ya marcado en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que no es otro, que regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en condiciones de igualdad manteniendo y mejorando el grado de bienestar de los ciudadanos con unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes dirigidos especialmente a las personas y colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión y con ello empezar a corregir los estrangulamientos en determinados territorios, en especial aquellos asociados a la insuficiencia de infraestructuras del transporte y comunicación o la escasa dotación de servicios básicos en un contexto donde España es un territorio que cuenta con una gran variedad de recursos que habría que valorizar y poner en valor.
Una moción presentada por Teruel Existe en el Congreso de los Diputados insta al gobierno de España a poner en marcha un Plan de recuperación de la “España Vaciada” asociado al reto demográfico, ante esta situación hay que ser reflexivos y tener muy claro los conceptos y epígrafes utilizados porque pueden dar lugar a errores irreparables y es que cuando se habla de las zonas escasamente pobladas de España únicamente se hace referencia a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca que de acuerdo con los criterios de unidades territoriales estadísticos de la Unión Europea constituyen “unidades administrativas” NUT3 porque tienen menos de 12,5 ha/km2 pero ante esta situación ¿cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar al resto de territorios de la “España Abandonada” que se extiende por 44 provincias donde viven 2,4 millones de personas y ocupa 277.526 km2 con una densidad media de población de 8,69 hab/km2?
El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa fijaron en el Reglamento (CE) 1059/2003 el establecer una nomenclatura común de unidades territoriales donde además de las “unidades administrativas” que en el caso de las NUT 3 corresponden con las provincias, se impulsarán la creación de NUTS asociadas a “unidades no administrativas” con densidades inferiores a 8 y 12,5 hab/km2 afectadas por problemas de despoblación y envejecimiento demográfico que deberían ser incluidas dentro del Plan de medidas urgentes para el reequilibrio territorial y la repoblación en las “NUT no administrativas españolas” y con ello asegurar que las áreas escasamente pobladas y muy escasamente pobladas puedan ser perceptoras de ayudas directas de los fondos de la Unión Europea (540.000 millones de euros destinados a la crisis contra la pandemia; los 750.000 euros procedentes de fondos Next Generation EU y los 1,1 billones del nuevo Marco Financiero Plurianual período 2021-2027).
Nicasio Peláez Peláez
Máster en Investigación, Desarrollo Rural y especialista en despoblación
