El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado 39 enmiendas a la Ley de la Política Agraria Común (PAC) con el objetivo de «reducir de manera inmediata los costes de producción de los agricultores y ganaderos en lo referente a la energía, los piensos y los fertilizantes».
Para ello, el GPP ha propuesto un paquete de medidas para reducir gastos mediante bonificaciones, beneficios fiscales y reducción de impuestos, entre los que se encuentra la bonificación inmediata de un 35 % de los piensos.
Estas medidas se sumarían a la ayuda al gasóleo, fertilizantes y plásticos ya previstas en la ley de la cadena alimentaria, norma que según el GPP «el Gobierno está incumpliendo».
Las enmiendas de los populares también plantean un conjunto de beneficios fiscales y reducción de impuestos para aumentar la rentabilidad de las explotaciones.
Asimismo, se propone excluir de la base imponible del IRPF las ayudas directas otorgadas a agricultores y ganaderos como consecuencia de la crisis por la administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Otra de las propuestas busca establecer la doble facturación eléctrica en regadíos.
Se incorporan medidas para incrementar la cuantía de los créditos ICO y facilitar a las comunidades de regantes la venta del excedente de energía renovable.
Y se propone considerar el beneficio ambiental que proporciona el sector primario y acompasar las exigencias ambientales a la realidad productiva del momento.
Para ello, el GPP defiende la participación del sector agrario en los beneficios del mercado de CO2, impulsar ante la Unión Europea (UE) un ajuste de plazos de la agenda ambiental que permitan avanzar en sostenibilidad sin restar competitividad a las explotaciones, y utilizar los fondos europeos para ejecutar las inversiones ya previstas en la planificación hidrológica aún vigente para aprovechar el agua.
El GPP sostiene que es imprescindible invertir en regulación hidrológica para poder acumular agua y hacer nuevos regadíos «porque es la única forma de abordar las consecuencias del cambio climático y de las sequías aumentando la productividad, ya que una hectárea de regadío es hasta cuatro veces más productiva que una de secano».
Respecto al régimen sancionador de la PAC, el GPP exige que en España no sea superior al que tienen otros países europeos.
Las propuestas presentadas han sido acordadas con las organizaciones profesionales agrarias, a las que el portavoz adjunto del GPP, Jaime de Olano, y la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, han trasladado en una reunión mantenida en el Congreso de los Diputados.
La Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno al plan español para la PAC 2023-2027 pero para poder ejecutarlo hay que llevar a cambio distintos cambios legales, en los que el Parlamento ya está trabajando.
En concreto, en las Cortes se encuentra ya, para su tramitación de urgencia, el proyecto de ley que fija las normas de gestión y control para la aplicación de la nueva PAC.
Además, el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos meses 18 proyectos de reales decretos para aplicar cada uno de los elementos del Plan Estratégico Nacional de la PAC. EFEAGRO
