La Política Agraria Común (PAC) vinculará en España el cobro de las ayudas al cumplimiento de las reglas laborales desde 2024. Para los sindicatos y otros expertos supone una oportunidad para imponer en el campo una nueva cultura de la prioridad en la prevención de riesgos y de accidentes.
La PAC que ha entrado en vigor este año incluye la «condicionalidad social» de las subvenciones, lo que significa vincularlas al cumplimiento de una lista de normas laborales; de lo contrario, se penalizará con recortes de las subvenciones del 3 % al 100 % en España, donde se aplicará en 2024. Esta condición social será obligatoria en 2025 en toda la Unión Europea (UE).
Una innovación que los sindicatos celebran como logro y que los empresarios asumen, aunque desde las organizaciones agrarias lamentan que se esté «criminalizando» la imagen del agricultor, porque, dicen, ya existen convenios y herramientas que garantizan las buenas prácticas.
La agricultura emplea a 752.200 ocupados en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que en 2022 este sector registró un descenso de 86.900 trabajadores y una bajada del paro del 9,6 %.
¿Cómo se aplica en España?
España decidió adelantar un año la condicionalidad social obligatoria de la PAC, tal y como figura en su plan estratégico nacional.
«Las reducciones serán por norma general del 3 % del total de las ayudas a las que la explotación tuviera derecho en el año en cuestión, en atención a la gravedad, alcance y persistencia del incumplimiento», según la regulación española.
«No obstante, (estas reducciones) podrán ser mayores en los casos de reiteración o incluso llegar al 100 % en los casos de intencionalidad de los incumplimientos, incluidos los relativos a los requisitos medioambientales», de acuerdo con las normas españolas de gestión de la PAC.
Como exigencias de condicionalidad social -basadas en la actual legislación española laboral- figuran: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, el deber del empresario de garantizar la seguridad de los empleados y de protegerlos, así como de proporcionar servicios de prevención.
La información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y la salud de su labor, la ergonomía, las garantías de equipos de labor adecuados o la limitación del uso de equipaciones que entrañen riesgos específicos se reflejan ahora en la normativa de la PAC.
Las sanciones por incumplimientos laborales aumentarán proporcionalmente según el número de trabajadores afectados y según la reincidencia, de acuerdo con un análisis de la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT, siglas en inglés).
¿Una oportunidad? Empresas y sindicatos opinan
«La condicionalidad social es una oportunidad para implantar una nueva cultura de la prevención; implica que los agricultores incluyan la seguridad laboral en su lista de prioridades», declara a Efeagro el responsable de proyectos del Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo (Ciheam), Alun Jones.
«Esto significa que van a tener que conocer con más profundidad sus obligaciones hacia sus empleados y también hacia ellos mismos, al tratarse de la protección laboral», ha añadido.
Jones es el autor principal de un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que ha diagnosticado los múltiples riesgos laborales en el campo, como los asociados la maquinaria, por el manejo de animales o los pesticidas.
Otro factor es la temporalidad y la diferencia formativa entre trabajadores temporales y fijos.
Incluso al hablar de formación agrícola o ganadera, Jones apunta que la seguridad laboral «no es la materia prioritaria», si bien ha admitido que en España las cooperativas están contribuyendo a una mejora.
El responsable adjunto del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, José Fuentes ha subrayado a Efeagro que la condicionalidad social es «un gran logro».
Fuentes ha admitido que su aplicación «no va a ser fácil», pero sí necesaria para avalar la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas que exportan los alimentos españoles y, además, ha opinado que la PAC debería haber recogido alusiones al trabajo de los inmigrantes.
Sin embargo, el vicepresidente del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (COPA-Cogeca), Pedro Gallardo (Asaja) ha apuntado que la condicionalidad «no puede ser impuesta» y que en España ya existen convenios provinciales que regulan la relación entre empresarios y trabajadores.
«No se nos puede estigmatizar como si los empresarios estuviéramos incumpliendo y que se apliquen unos criterios que puedan suponer dejar de percibir un porcentaje de la ayuda como si fuéramos esclavistas», según Gallardo.
Ha asegurado que en la actividad agraria ya se toman medidas para aminorar los riesgos, como adaptar los horarios de cualquier recolección a los momentos de menos calor del día.
Siniestralidad enmascarada
Un estudio de la Fundación Mapfre concluyó en 2020 que el segmento agrario se consideraba «de baja siniestralidad» por estadísticas que «enmascaran» la realidad y apuntaba que la mayoría de los accidentes mortales por vuelcos de tractor se podrían haber evitado con estructuras de protección bien utilizadas.
A escala de la UE, según el proyecto europeo SafeHabitus, «las estadísticas resaltan la peligrosidad de la agricultura y que la tasa de mortalidad es un 233 % superior a la de otras actividades, mientras que el riesgo de accidentes es un 18 % mayor».
Datos positivos
Según Jones, la condicionalidad social no es una nueva ley, porque son obligaciones ya existentes y, además, realzará la buena gestión de muchos agricultores.
«Debemos asegurarnos de que los buenos empresarios que cumplen las reglas y tratan bien a sus trabajadores no están en una posición de menor competencia (..) Se trata de evitar los abusos, que son pocos pero mediáticos», ha añadido.
«Hay muchos agricultores que cumplen, queremos que se regule para que los que no lo hacen no quiten prestigio al sector», según el representante de CCOO.
La digitalización puede mejorar la protección laboral y en ese sentido Jones ha citado ejemplos, como los trabajos de la Universidad de Córdoba con sensores para evitar los vuelcos de vehículos o el uso de drones para aplicar pesticidas en lugar de la utilización manual. Mercedes Salas (EFEAGRO).
