La Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha, acompañada de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha y otras plataformas agrarias de la región, entre ellas, Apicultores de Guadalajara; la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (ADECCU); la Plataforma de daños por conejos y miembros de las plataformas de las ZEPAS (Zonas de Especial Protección de Áreas Esteparias), se concentrará el martes 11 de junio a las 10:00 horas a las puertas del Palacio de Fuensalida, en Toledo.
Exigen que cese el desvío de dinero del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la empresa privada Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), quien desarrolla el servicio de prevención y extinción de incendios.
En la presentación de esta movilización, el presidente de la Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha afirmado que “el coste de las labores llevadas a cabo para la prevención de incendios es de 7.000/ €/hora cuando lo hace GEACAM y de 1.000 €/h. si las labores de prevención las hacemos los agricultores y ganaderos”.
Olvido a la agricultura ecológica
Además, denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha solo ha presupuestado ayudas para 220.000 hectáreas de agricultura ecológica, cuando en 2022 se certificaban un total de 438.000, expulsando a 5.000 agricultores ecológicos. El recorte ha sido “más que significativo”, pues en el periodo 2008-2014 se pagaban 57 millones anuales y, en la actualidad, lo han reducido a 32 millones, un 44%.
Sí es posible modificar el presupuesto
Por ello, piden la modificación del presupuesto de la Unión Europea para la agricultura ecológica en beneficio de los agricultores, como ha hecho la Junta de Andalucía. “Aquí no lo modifican, señalaba Anastasio Yébenes, porque pondrían en riesgo la financiación de GEACAM, donde se colocan los políticos amiguetes y pagan la hectárea mantenimiento de bosque a 7.000 euros y el arreglo de caminos por empresas afines se hace a 50.000 €/ kilómetro”. Hasta la creación de GEACAM se cumplían los objetivos en materia de extinción de incendios sin necesidad de desviar el 40 por ciento del presupuesto del PDR. “Más les valiera que fomentaran el pastoreo extensivo”, afirma.
Señala que la razón que alega el Gobierno de regional de que “no hay dinero para todos, pero es totalmente falso”. En el Programa de Desarrollo Rural del periodo 2014-2020 han sobrado 686 millones de euros y además para el nuevo periodo 2023-2027 hay 1.500 millones de euros disponibles. “La verdad es que no quieren dar el dinero a los agricultores para tener dinero disponible para desviarlo a la empresa GEACAM, S.A., la cual ha recibido 752 millones de euros desde el 2014”, denuncia.
Plan de Rescate para la ganadería extensiva
También piden incentivar y dotar presupuestariamente a la ganadería extensiva, el pastoreo, cultivos tradicionales, aromáticas y apicultura.
Demonizar a las cosechadoras
También denuncian el “exceso de restricciones” en el uso de cosechadoras, “que las están demonizando” y son las de menor índice de causa de incendios. “Además están ejecutando multas, personándose la Junta como acusación particular, contra agricultores por este motivo, y es una salvajada y una crueldad por parte del Gobierno regional”.
Compensación por ZEPAS y Plagas de conejo y fauna
Por otro lado, estas organizaciones agrarias piden compensación por daños de fauna silvestre y la declaración de plaga de conejos. También la paralización de zonas ZEPA, o en todo caso, que sean de carácter voluntario y siempre compensado económicamente por las consecuencias que conlleva para la economía agraria. “Es injustificable que la Junta no haya aceptado ni una sola alegación a los proyectos ZEPA por parte de los agricultores”, señalan.
Política Agraria Común (PAC)
En cuanto a la nueva Política Agraria Común, la Unión de Campesinos denuncia que Castilla-La Mancha ha sido desfavorecida en la negociación, y demanda una PAC que iguale los importes de pago básico en todo el país, “evitando ciudadanos de primera y de segunda”.
Exigen también un calendario de pagos claro, sin paralización de expedientes y con el pago de intereses en caso de atraso injustificado.
