La lucha contra la multiplicación ilegal de variedades vegetales protegidas ha dado un paso decisivo en España. Dos recientes sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Almería y el Tribunal de instancia de Valencia han vuelto a dejar un mensaje claro para el sector hortícola: la reproducción y comercialización no autorizada de variedades vegetales protegidas tiene consecuencias legales y puede constituir un delito contra la propiedad industrial, indican desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE).
El mensaje es especialmente relevante en un contexto en el que la innovación vegetal resulta imprescindible para responder a desafíos como el cambio climático, nuevas plagas, la reducción de insumos o la mejora de la productividad agrícola.
“Detrás de cada nueva variedad hay años de investigación, inversión y conocimiento: desarrollar una nueva variedad vegetal puede requerir entre ocho y diez años de trabajo y millones de euros de inversión”, explica Antonio Villarroel, director general de ANOVE.
Sin embargo, “parte de este esfuerzo se ve amenazado por prácticas ilegales de multiplicación que erosionan la competitividad y generan competencia desleal”, continua Villarroel.
Sentencia de Almería
La sentencia de Almería considera ilícitas determinadas prácticas de injerto en tomate cuando generan material susceptible de reproducirse y posteriormente comercializarse sin autorización del obtentor. La Audiencia Provincial entiende que conservar y utilizar ese material vegetal para multiplicación constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial e incluso un ilícito penal.
Valencia
Por su parte, en Valencia, la justicia ha condenado la extracción de semillas de variedades protegidas de cebolla para su reutilización y comercialización entre terceros agricultores, reafirmando que el uso no autorizado de material protegido vulnera los derechos del obtentor.
Más allá de las consecuencias legales, el problema tiene un fuerte impacto sectorial. La multiplicación clandestina de material vegetal no solo perjudica a los obtentores, sino también a viveros, productores y agricultores que sí operan dentro de la legalidad. Además, supone un riesgo añadido: el material fuera de control oficial carece de garantías sobre identidad varietal, pureza genética o estado fitosanitario.
La conclusión que trasladan estas resoluciones judiciales es contundente: proteger la innovación vegetal no es solo defender derechos privados, sino salvaguardar la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad del conjunto de la cadena agroalimentaria. Las reglas son claras, y las condenas demuestran que su incumplimiento ya no sale gratis.
