Casi un 92% los habitantes del medio rural reclaman una regulación específica que proteja los suelos agrícolas frente a la expansión fotovoltaica.
Así se desprende del reciente estudio Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
“Es necesario reforzar la planificación territorial como herramienta clave para compatibilizar la transición energética con la protección del suelo y la cohesión social”, recalca el estudio de la UPM, que propone “incluir la priorización de suelos ya transformados o degradados, la limitación de proyectos en tierras agrícolas de alta productividad y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de equidad territorial en los procesos de autorización para garantizar un equilibrio real entre el desarrollo renovable, la justicia territorial y la seguridad alimentaria de las futuras generaciones”.
Sin embargo, un 87,4% de los consultados —casi un millar de personas en total de las 17 comunidades autónomas, entre agricultores y ganaderos, técnicos agropecuarios, personal de las administraciones públicas y residentes en municipios con presencia real o proyectada de instalaciones renovables—, niega que la planificación actual proteja de forma adecuada los suelos de alto valor productivo, al tiempo que ocho de cada 10 piden priorizar los suelos degradados o de menor valor agrícola para las instalaciones fotovoltaicas y un 82,2% está a favor de limitar las plantas solares en este tipo de suelos vivos.
“La expansión de la energía solar fotovoltaica a gran escala es indispensable para avanzar en la descarbonización del sistema energético”, resalta el informe de la UPM, que pone el foco en que “es el actual modelo de implantación territorial el que está generando tensiones significativas en el uso del suelo, especialmente en territorios con alta vocación agraria”.
Daño irreparable
El 87,6% de los consultados en el marco de este estudio acusan a la expansión desordenada de las plantas fotovoltaicas en España de la pérdida irreversible de suelo agrícola fértil de alto valor productivo, lo que amenaza nuestra capacidad de generar nuestros propios alimentos.
“La ocupación de tierras agrícolas de elevada capacidad productiva plantea un conflicto creciente entre la transición energética y la conservación de recursos edáficos, los cuales son finitos y desempeñan un papel esencial tanto en la seguridad alimentaria como en la resiliencia del territorio frente a eventos climáticos extremos”, resalta el trabajo.
Más de ocho de cada 10 encuestados por la UPM creen que, una vez que un panel solar se instala sobre suelo fértil, resulta casi imposible recuperar su uso agrícola original.
En este sentido, el 82,7 % de los participantes considera que las plantas solares generan riesgos de erosión o degradación del suelo, el 79,7 % de la muestra cree que la maquinaria asociada a las instalaciones fotovoltaicas produce una compactación significativa del suelo, y el 79,2 % afirma que la implantación fotovoltaica altera el microclima de las fincas colindantes.
“Desde una perspectiva biofísica, la evidencia científica documenta de forma consistente procesos de alteración local asociados a estos desarrollos”, afirma la UPM, antes de destacar que “algunos estudios señalan la posible liberación de elementos traza asociados a los materiales fotovoltaicos, lo que plantea interrogantes sobre su comportamiento en el suelo a largo plazo”.
Abandono agrario
Casi ocho de cada 10 encuestados tiene claro que la actual carencia de planificación fotovoltaica fomenta el abandono de tierras agrícolas. “Este dato, combinado con el hecho de que un 92,6 % de las personas encuestadas nieguen que haya consultas previas a los agricultores en relación con la aprobación de los proyectos, nos permite deducir que las actuales políticas están imponiendo, por la puerta de atrás, el desmantelando del campo que nos da de comer”, valora Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Para la UPM, este hallazgo es especialmente relevante desde la perspectiva de la gobernanza territorial, ya que puede interpretarse como indicativo de posibles déficits de justicia procedimental en los procesos de planificación energética.
“La falta de participación percibida podría contribuir a generar una percepción de imposición externa del modelo de implantación, lo que a su vez puede estar asociado a una mayor conflictividad social y resistencia territorial”, considera.
En este contexto, se produce el agravante de que el 79,0 % de la muestra afirma que las políticas actuales garantizan que la implantación fotovoltaica genere beneficios para las poblaciones locales. “La mayoría de los encuestados considera que los ingresos municipales no compensan la pérdida de producción agrícola ni se perciben como generadores de beneficios directos para la población rural”, defiende el estudio.
