La aplicación de la condicionalidad reforzada de la Política Agrícola Común (PAC) en España se saldó en la campaña 2024 con 5.064 incumplimientos correspondientes a 3.220 beneficiarios, según el informe publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a partir de la información facilitada por las 17 comunidades autónomas.
El documento analiza los controles efectuados durante 2024 y ofrece una primera radiografía detallada de la aplicación de este sistema en España.
Controles sobre el terreno
La condicionalidad reforzada afecta a 611.539 beneficiarios, mientras que el universo muestral integrado por aquellos que superaban las 10 hectáreas ascendió a 276.230. De estos últimos, 4.225 fueron controlados sobre el terreno.
De los 5.064 incumplimientos registrados, 2.345 se detectaron en controles sobre el terreno, 326 mediante controles administrativos, 194 en controles de admisibilidad, 1.259 a través de monitorización y otros 940 mediante otros controles.
Dentro de las inspecciones sobre el terreno, 1.964 incumplimientos correspondieron a Requisitos Legales de Gestión (RLG) y 362 a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
Nitratos y aguas, las obligaciones con más incumplimientos
Los resultados del FEGA muestran diferencias importantes según el requisito analizado. Entre los RLG, la mayor tasa de incumplimiento corresponde al RLG 2, relativo a nitratos, con 285 incumplimientos entre 1.723 beneficiarios controlados, lo que representa un 16,54 %.
Le sigue el RLG 1, relativo a aguas, con 482 incumplimientos y una tasa del 15,89 %. El RLG 11, sobre bienestar animal general, alcanza el 14,95 %, mientras que el RLG 9, referido al bienestar de los terneros, registra un 11,22 %. En conjunto, el FEGA contabilizó 1.964 incumplimientos de los RLG, equivalentes al 9,58 % sobre los controles considerados para estos requisitos.
El propio informe identifica precisamente aguas, nitratos, bienestar de los terneros y bienestar animal general como los RLG con mayor grado de incumplimiento detectado mediante controles sobre el terreno.
Cobertura mínima del suelo
Entre las BCAM, el resultado más destacado corresponde a la BCAM 6, sobre cobertura mínima del suelo, con 217 incumplimientos entre 2.615 beneficiarios controlados, una tasa del 8,30 %. A considerable distancia se sitúa la BCAM 4, relativa a las franjas de protección, con 59 incumplimientos y un 3,79 %. En el conjunto de las BCAM se contabilizaron 362 incumplimientos, equivalentes al 2,08 % de los controles considerados.
Dos millones en penalizaciones
Las consecuencias económicas derivadas de la condicionalidad reforzada ascendieron a 2,019 millones de euros en penalizaciones, frente a un importe de ayudas antes de reducción de 5.098,89 millones de euros para los beneficiarios del universo de condicionalidad.
En términos agregados, las penalizaciones representaron un 0,04 % de ese importe. Además, 148 beneficiarios quedaron sin reducción al ser la penalización calculada inferior a 100 euros.
Por comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, Murcia registró el mayor importe de penalizaciones, con 445.930,98 euros y un porcentaje del 0,63 % sobre las ayudas consideradas en el informe. Le siguieron Andalucía, con 326.499,54 euros; Castilla-La Mancha, con 297.216,99 euros; y Castilla y León, con 271.607,66 euros.
El análisis de riesgos detectó más incumplimientos
La muestra de control sobre el terreno estuvo integrada por 4.225 beneficiarios. De ellos, 3.269 fueron seleccionados mediante análisis de riesgos y 956 de forma aleatoria. El porcentaje de beneficiarios con incumplimientos fue del 22,82 % en la muestra de riesgo, frente al 20,71 % registrado en la muestra aleatoria.
La diferencia apunta a una mayor capacidad del análisis de riesgos para dirigir los controles hacia explotaciones con probabilidad de incumplimiento, aunque el comportamiento no fue homogéneo en todas las comunidades autónomas.
La condicionalidad reforzada constituye uno de los pilares de la arquitectura ambiental de la PAC 2023-2027. El sistema vincula la percepción de determinadas ayudas al cumplimiento de los RLG y las BCAM en materias como agua, suelo, biodiversidad, salud pública, fitosanidad y bienestar animal.
Además, respecto al anterior sistema de condicionalidad incorpora exigencias relacionadas, entre otras materias, con humedales y turberas, política de aguas y uso sostenible de productos fitosanitarios.
El informe del FEGA permite así dimensionar por primera vez para la campaña 2024 no solo el volumen de controles e incumplimientos, sino también qué exigencias de la nueva condicionalidad están generando mayores dificultades sobre el terreno.
Los datos sitúan especialmente el foco en nitratos, gestión del agua y cobertura del suelo, tres ámbitos directamente vinculados a la gestión agronómica y ambiental de las explotaciones.
