Estos días se han producido tormentas en algunas regiones de España y, ante la posible llegada de lluvias a las zonas donde han tenido lugar los peores incendios, Greenpeace pide a los municipios afectados que comiencen, ya mismo, a planificar actuaciones de emergencia para el control de la erosión y el arrastre de cenizas derivadas de los grandes incendios forestales.
Lluvias posteriores a los incendios
Las lluvias posteriores a los incendios arrastran cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo la calidad de las aguas subterráneas y superficiales y generando impactos sobre el abastecimiento en distintos municipios, además de afectar a los ecosistemas acuáticos, a la biodiversidad e incluso a la seguridad de las personas.
A fecha de 20 de agosto ya hay 262.030 hectáreas de superficie quemada. Pero los 44 grandes incendios forestales registrados en lo que va de año han dejado mucho más que una cifra, han dejado récords que constatan la evolución de los incendios a episodios de alta intensidad.
Entre ellos, destacan el mayor incendio de la historia de España, en Burgohondo (Ávila), con 39.570 hectáreas afectadas; el incendio más mortífero de la historia, en Gallardos (Almería), con 13 personas fallecidas; el mayor incendio registrado en Andalucía, con 40.100 hectáreas; el mayor de Castilla-La Mancha, con 32.100 hectáreas; el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, con más de 25.000 hectáreas, y el segundo incendio más grande registrado en Aragón, con 18.000 hectáreas afectadas.
Ante tales dimensiones, la organización advierte que hay que evitar sumar más catástrofes: “Es necesario salvar el agua y el suelo de los procesos erosivos, y hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad. Sobre todo, ante incendios cada vez más grandes y severos”, en palabras de Parrilla.
Medidas para frenar el avance de sedimentos
Tras un gran incendio, el debate público suele centrarse en la recuperación, restauración, costes, etc. Sin embargo, para la organización medioambientalista, el debate olvida una fase decisiva: las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y prevenir la contaminación de cursos de agua, conservar el suelo y evitar procesos erosivos e irreversibles de degradación, en un país con más del 70% de su territorio en riesgo de desertificación.
“Hay que recordar que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, del que depende la vida y cuya conservación es esencial: la FAO estima que formar apenas 2–3 cm de suelo fértil puede requerir hasta 1.000 años, mientras que su pérdida por erosión puede producirse en muy poco tiempo”, advierten desde Greenpeace.
Entre las medidas de estabilización de emergencia destacan aquellas centradas en laderas y zonas de fuerte pendiente. Estas actuaciones deben priorizar la instalación de acolchados (mulching) y otras estructuras de retención, como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, correctamente diseñadas para frenar los arrastres de sedimentos.
Estas se complementan con la protección puntual de cauces, drenajes y obras de paso para evitar colmataciones, así como con el control de procesos erosivos concentrados, como regueros, cárcavas o pequeños deslizamientos.
Existe un amplio consenso científico en que el mulching constituye una de las medidas de emergencia postincendio más eficaces para conservar el suelo, ya que reduce significativamente la erosión y la escorrentía, mejora la infiltración y acelera la recuperación funcional del ecosistema, especialmente durante el primer año tras el incendio, cuando el riesgo de pérdida irreversible de suelo es máximo.
Según un estudio publicado en 2022, tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia), las actuaciones de restauración realizadas por voluntariado y coordinadas por personal técnico demostraron ser muy eficaces para frenar la degradación del suelo.
Aplicación temprana de mulch
La aplicación temprana de mulch redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año tras el incendio y mantuvo reducciones de entre el 74% y el 87% en el segundo año, confirmando que una respuesta rápida y basada en criterios científicos es clave para minimizar los daños posteriores al fuego.
Una de las experiencias más recientes es la del incendio de Las Médulas (León), en 2025, donde un informe coordinado por el CSIC y elaborado por más de 70 especialistas en incendios, biodiversidad, geología, hidrogeología, drones y riesgos sociales confirmó la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización.
Entre ellas, destacó la aplicación de mulch con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que consiguió reducir la erosión del suelo en una media del 85%, demostrando su capacidad para minimizar los impactos ambientales y favorecer la recuperación del territorio.
Inciden en que la priorización debe basarse en criterios técnicos, destinando recursos a las zonas con mayor riesgo de pérdida de suelo, contaminación de cauces y embalses y afección a abastecimientos de agua, espacios protegidos y áreas de elevada pendiente.
Se hace necesario desarrollar e implantar una metodología común y protocolos operativos de evaluación rápida del impacto inmediato de los incendios forestales, que permitan apoyar de forma eficaz la toma de decisiones sobre actuaciones urgentes de estabilización postincendio y evitar que un incendio forestal se convierta también en una crisis de erosión, desertificación y deterioro de los recursos hídricos.
Impactos dramáticos
A mediados de agosto, dos mujeres fallecieron en el municipio leonés de Manzaneda de Valdueza (afectado por los incendios de 2025) por una riada debido a tormentas muy intensas en zonas incendiadas desprovistas de vegetación. Los vecinos y vecinas han iniciado una recogida de firmas para reclamar medidas urgentes un año después de los incendios.
Meses antes, a mediados de junio, las fuertes tormentas que cayeron sobre terrenos previamente calcinados por los incendios forestales del año pasado arrasaron varias localidades: en zonas como Valdeorras o Viana (Ourense), los arrastres de agua y ceniza causaron gravísimos daños en viviendas, provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación. Muchos de estos municipios tuvieron o tienen restricciones de agua potable, llegando a pedir la declaración de zona catastrófica.
Año tras año se pone de manifiesto la necesidad de protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos.
‘Chapapote del monte’
«Si queremos evitar el ‘chapapote del monte’, es imprescindible una respuesta inmediata y especializada que actúe en las primeras semanas tras el incendio, cuando se concentra el mayor riesgo de erosión, escorrentía y arrastre de cenizas y sedimentos. Las medidas de estabilización deben ejecutarse antes de las primeras lluvias intensas, ya que es en esos primeros episodios de precipitación cuando se produce la mayor pérdida de suelo y se generan los impactos más graves sobre ríos, embalses y abastecimientos de agua», explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en Greenpeace.
La restauración de las zonas afectadas por incendios forestales es competencia de las comunidades autónomas, que deben planificar y ejecutar las actuaciones de emergencia para proteger el suelo, reducir la erosión y favorecer la recuperación de los ecosistemas.
Dado que, por su magnitud, algunos incendios afectan a varias comunidades autónomas, resulta imprescindible reforzar la coordinación entre Administraciones con la participación del Gobierno central en aquellos ámbitos de su competencia, como la coordinación general, el apoyo técnico y financiero, la gestión de cuencas hidrográficas intercomunitarias o la conservación de espacios de interés nacional, para garantizar una respuesta rápida, coherente y eficaz.
