El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido ampliar la vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) hasta el 31 de diciembre de 2030, según informa este martes La Tribuna de Ciudad Real.
De esta manera, se evitará que el PEAG pierda su vigencia a finales de 2027, lo que habría puesto en riesgo la continuidad de determinadas concesiones de agua y la tramitación de expedientes de explotaciones prioritarias. La ampliación se incorporará al nuevo Plan Hidrológico del Guadiana mediante una disposición transitoria.
4.500 explotaciones
La medida beneficiará a unas 4.500 explotaciones de viñedo, olivar, almendro y pistacho, que suman más de 20.000 hectáreas. Estas explotaciones mantendrán sus concesiones de agua, mientras que alrededor de 1.200 expedientes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias podrán seguir avanzando hacia su regularización, según explican fuentes consultadas por La Tribuna al Gobierno regional.
«Ni un agricultor de leñosos pierde su agua por un vencimiento administrativo, y mantenemos la reclamación y la opción de lo que es de justicia en el caso de las explotaciones prioritarias y los agricultores profesionales», subrayan desde el Ejecutivo autonómico.
Ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana
La ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana estará vinculada a la elaboración de un nuevo Marco de Actuación para la recuperación de Las Tablas de Daimiel y del Alto Guadiana. El Ejecutivo autonómico trabaja para que este instrumento esté aprobado antes de que finalice 2028.
En este nuevo marco, «la posición de Castilla-La Mancha es clara: El agua del Alto Guadiana tiene que servir a la vez para recuperar los acuíferos, para mantener viva la agricultura y generar desarrollo y para proteger Las Tablas de Daimiel. Las tres cosas, no una.
Es la triple finalidad que debe tener el nuevo marco», argumentan las mismas fuentes, quienes recalcan que «con independencia del resultado de las próximas elecciones generales, se solicitará al futuro Ejecutivo que mantenga la vigencia del PEAG al menos hasta el 31 de diciembre de 2030, con el objetivo de dar estabilidad al sector y avanzar en un nuevo acuerdo que permita preservar unas explotaciones que, sin duda, aportan desarrollo y riqueza a una comarca muy importante».
Bolsa de derechos de agua
Junto a la ampliación del plan, el Gobierno regional plantea crear una Bolsa de Derechos de Agua de Castilla-La Mancha para gestionar parte de los recursos que se liberen en el Alto Guadiana y mantenerlos al servicio del territorio. La iniciativa prevé nutrir esta bolsa mediante un porcentaje de los derechos transferidos entre usuarios y a través de ofertas públicas de compra de derechos a agricultores que quieran venderlos a un precio justo y tasado.
Los recursos se destinarían principalmente a facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura, consolidar explotaciones profesionales que llevan años esperando una solución y atender proyectos estratégicos para la región, incluidos algunos de carácter no agrícola.
El modelo propuesto contempla vincular la asignación de agua al mantenimiento de la actividad que justifica su concesión. En caso de que el beneficiario deje de cultivar o pierda las condiciones exigidas, los derechos regresarían a la bolsa. Asimismo, una parte de los recursos se reservaría para contribuir a la recuperación de los acuíferos.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sería la encargada de otorgar las concesiones, mientras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha propondría a los beneficiarios conforme a criterios públicos relacionados con el relevo generacional y el desarrollo rural.
Calendario
La planificación sitúa en 2027 la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Guadiana 2028-2033 y el diseño normativo de la bolsa de derechos de agua. Para 2028 se prevé avanzar en la elaboración del nuevo marco de actuación y poner en marcha las primeras ofertas públicas de adquisición de derechos. Entre 2029 y 2030 se contempla la aplicación del nuevo marco y las primeras asignaciones de agua a jóvenes agricultores y explotaciones prioritarias.
