La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado el, según sus palabras, «boicoteo» del Gobierno regional al trabajo de sus efectivos, «al no haber nombrado a ningún agente para participar en el grupo de trabajo creado a requerimiento de la Fiscalía, para atajar los problemas de electrocución de aves».
APAM ha explicado que Castilla-La Mancha no envió “a ninguno de sus agentes, ni funcionario de otra índole” a la reunión de los miembros de este equipo, celebrada los pasados días 1 y 2 de junio en Zaragoza, «, y no fue por falta de voluntarios que, desinteresadamente, se ofrecieron para este cometido», añaden.
Según explica APAM, este grupo de trabajo se crea a iniciativa de la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo, con el objetivo de abordar la «grave» problemática existente en torno a las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos, “ya que miles de ellas mueren al año en España por este motivo”.
Para la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales, «la inexplicable actitud del Gobierno regional y más concretamente del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, boicotea la posibilidad de poner medidas contra este problema, comprometiendo gravemente la conservación de nuestras especies amenazadas en todo el territorio nacional”.
Expediente sancionador
Inciden en que Castilla-La Mancha ha sido «pionera en la lucha contra este problema existiendo numerosos expedientes sancionadores y habiéndose logrado el aislamiento y modificación de gran cantidad tendidos eléctricos tras el arduo e incesante trabajo del Cuerpo de Agentes Medioambientales” y critican que el Gobierno regional «se pliegue a los intereses de las compañías eléctricas y pierde toda su credibilidad cuando pretende hacernos creer que se deben a un compromiso con el medio ambiente, cuya asignatura sigue aún suspensa en este Gobierno».
Según APAM, el Gobierno regional «se niega a que sus agentes medioambientales, funcionarios pagados con dinero de todos, hagan su trabajo”, Eso, añaden, “supone un intento más de bloquear sus posibilidades de actuar como policía judicial, ya no se conforman sólo con expedientar los compañeros que ponen ante la justicia delitos tan graves como incendios forestales, ordenación del territorio o furtivismo, si no que tienen el atrevimiento de negar el auxilio cuando son requeridos para ello de nada menos que de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo dependiente del Ministerio de Justicia».
«Exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que vuelva a la senda de la coherencia, que cumpla lo prometido a esta asociación cuando era alcalde de Toledo y que ordene de inmediato a su consejero de Agricultura que termine con la humillación a este colectivo o mejor, que lo cese directamente y permita que el Cuerpo de Agentes Medioambientales pertenezca a otra consejería donde se le aprecie, valore, aproveche su potencial, asuma con responsabilidad nuestra función de servicio público y se comprometa con este», concluyen diciendo en su comunicado
