La Sociedad Entomológica Ambiental de Castilla-La Mancha (SEACAM) ha cuestionado los tratamientos insecticidas anunciados este verano por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La entidad considera que la información difundida por la Administración no permite justificar una intervención con insecticidas y reclama la publicación de los informes técnicos que la sustentan.
SEACAM, dedicada al estudio y conservación de los insectos y otros artrópodos de la región, ha dirigido un escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural solicitando información técnica sobre los tratamientos insecticidas anunciados recientemente para combatir supuestos brotes de langosta mediterránea en diversos municipios de la provincia de Albacete.
La asociación considera “preocupante” que una actuación de estas características se haya anunciado públicamente sin identificar la especie afectada ni aportar datos sobre las densidades observadas, los daños ocasionados, los criterios de intervención o los informes técnicos que justifican el tratamiento.
«La liberación de insecticidas en el medio, dirigidas al control de insectos debe constituir siempre una medida excepcional y estar respaldada por información científica objetiva. Sin esa información resulta imposible valorar si la actuación era realmente necesaria y proporcionada», señalan desde la entidad.
Langosta mediterránea
Los entomólogos recuerdan que el término langosta mediterránea carece de precisión desde el punto de vista científico.
Argumentan que, en caso de tratarse de Dociostaurus maroccanus, una especie autóctona presente de forma natural en la península ibérica, su presencia no constituye por sí misma una situación que justifique tratamientos químicos.
Estos únicamente deberían plantearse cuando se demuestre documentalmente que se han superado los umbrales de intervención establecidos y que existen daños relevantes sobre la agricultura.
Además, el periodo en el que se permite el tratamiento (desde el 17 de julio al 11 de noviembre) no es coincidente con el periodo habitual de actividad de la especie en la zona.
Por otro lado, si la especie objeto del tratamiento fuera distinta, la asociación considera imprescindible que la Administración haga pública su identificación y explique los criterios utilizados para determinar la necesidad de la intervención.
No han detectado niveles de plaga
Varios miembros de la asociación realizan muestreos periódicos en diferentes puntos de la provincia de Albacete, incluidas algunas de las zonas mencionadas por la Junta. Según indican, durante la presente campaña no han detectado densidades extraordinarias de saltamontes ni daños apreciables compatibles con la situación descrita en la nota de prensa difundida por la Administración.
«La discrepancia entre nuestras observaciones de campo y el escenario descrito por la Junta hace aún más necesario conocer los datos que han motivado esta decisión. La transparencia es indispensable cuando se aplican tratamientos que pueden afectar no solo a la especie objetivo, sino también a numerosos insectos beneficiosos y a otros componentes de la biodiversidad», afirma la Asociación.
La entidad recuerda además que los ortópteros constituyen un elemento fundamental de los ecosistemas mediterráneos y que los tratamientos insecticidas pueden tener efectos sobre numerosas especies no objetivo, incluidas aquellas de interés para la conservación, además de afectar a las cadenas tróficas de las que dependen aves, reptiles y otros animales insectívoros.
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Identificación de la especie tratada
Por ello, la asociación ha solicitado formalmente a la Consejería la identificación de la especie tratada, los informes técnicos que justifican la actuación, los datos de prospección realizados, los umbrales de intervención aplicados, la delimitación de las zonas afectadas, los productos empleados y la evaluación de sus posibles impactos ambientales.
«La protección de la agricultura y la conservación de la biodiversidad no son objetivos incompatibles. Precisamente por ello, las decisiones que implican el uso de insecticidas deben apoyarse en criterios científicos, ser plenamente transparentes y responder a una necesidad objetivamente demostrable”, indican.
La asociación espera que la Consejería facilite la documentación solicitada y considera que la publicación de dicha información contribuirá a reforzar la confianza pública y garantizar que las actuaciones fitosanitarias se ajustan a los principios de necesidad, proporcionalidad y uso sostenible de los productos fitosanitarios.
