Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, publicada hoy 11 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial, sienta las bases para la promoción socio-económica de determinadas zonas de la región, aún por definir, afectadas en mayor grado por el desempleo y la despoblación. Esta promoción se llevará a cabo mediante medidas de estímulo consistentes en líneas de ayudas específicas, reserva de créditos presupuestarios para las convocatorias destinadas a proyectos en estas zonas, un diferencial del 20 % adicional en la intensidad de las ayudas y criterios de valoración que prioricen las actuaciones llevadas a cabo en las zonas prioritarias.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha recuerda que durante el debate en Cortes en esta legislatura, la oposición pedía que se dotase a esta Ley con un presupuesto de 60 millones de euros; y el partido en el Gobierno respondía que sólo en el presupuesto de 2018 ya contaba con 900 millones de euros. Desde la organización se señala que cuesta trabajo creer que se han podido poner en 2018 sobre la mesa 900 millones de euros más de los que en principio podría haber si no existiera esta Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias, por lo que nos tenemos que lo que se hace es coger todas aquellas partidas que puedan interpretarse como un estímulo económico y colgarlas de la Ley. Por ejemplo… una manera de estimular en mayor medida a la agricultura, sería poner recursos propios adicionales para complementar las medidas que hoy ya existen para el sector agrario (ayudas directas PAC y programa de desarrollo rural, fundamentalmente)… Pero, si lo que se hace, como nos tememos desde Unión de Uniones por lo visto del presupuesto, es pegarle a lo que ya había la etiqueta de “Ley de Estímulos Económicos”, hemos recorrido un camino bastante corto.
En cualquier caso, en un plazo máximo de 6 meses el Gobierno tendrá que delimitar lo que son esas Zonas Prioritarias. ¿Con cuáles criterios? Desempleo y despoblación. Serán declarados Zona Prioritaria todos aquellos municipios con un porcentaje de paro superior en un 3 % a la media regional y un 1 % por encima de la media provincial; o bien que hayan visto reducida su población al menos en un 1 % en los últimos 5 años y el promedio anual de paro respecto del total de la provincia sea, al menos, del 10 %. Este listado se revisará cada cuatro años.
En los municipios seleccionados se aplicarán medidas para favorecer la reactivación económica y el empleo, que consistirán en subvenciones o ayudas, realización de planes y estudios sectoriales, préstamos o avales mediante convenios con entidades financieras, u otros instrumentos financieros, así como otras vías de financiación alternativas.
En el apartado de ayudas y subvenciones, concretamente se intervendrá mediante:
Líneas de ayudas específicas dirigidas a dichas zonas, que se llevarán a cabo de forma prioritaria.
Reserva del total del crédito de la convocatoria asignado específicamente para los proyectos que se desarrollen en las zonas prioritarias. Si una convocatoria en estas zonas no agota su crédito se podrá utilizar los recursos no consumidos en proyectos desarrollados en el resto de territorio regional.
Un incremento porcentual del 20 % en la intensidad de ayuda en aquellos proyectos o inversiones dirigidos a los municipios declarados como zonas prioritarias, siempre sin pasarse de los topes que permita la normativa europea o nacional o del MAPA nacional de ayudas regionales (que por cierto en el caso de Castilla-La Mancha limita la intensidad adicional de la ayuda regional al 10 % en porcentaje de equivalente de subvención bruta).
El establecimiento de criterios de valoración que prioricen los proyectos desarrollados dentro de las zonas prioritarias.
El ámbito de estímulos de la Ley afecta a prácticamente todos los sectores económicos y a muchas competencias transversales: formación, empleo, competitividad, internacionalización, turismo, industria, energía, artesanía, medioambiente, desarrollo tecnológico, atención a dependientes… y también, a las Industrias agroalimentarias, mejora de explotaciones agrarias, regadíos e incorporación al tejido empresarial de jóvenes agricultores y agricultoras.
Unión de Uniones se pregunta ¿querrá decir todo esto que con la puesta en marcha de esta Ley va a haber más presupuesto o que las ayudas van a ser mejores para el sector agrario?… lo dudamos. De entrada el Programa de Desarrollo Rural está tasado por la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEADER y las ayudas directas de la PAC son como son y punto. La única manera de hacer eso sería sacar de la Hacienda Regional más recursos propios, para ampliar el número de beneficiarios, para aumentar las ayudas o para poner en marcha líneas de ayudas novedosas, cosa que no parece fácil y que tendría que superar muchos filtros legislativos.
En todo caso, esperaremos en qué se materializa la voluntad del Gobierno de que la Ley de Estímulos Económicos sirva para algo. Y no tardaremos tanto en saberlo, porque la norma contempla, que además de esos 6 meses para dibujar el mapa de zonas prioritarias, hay 6 meses más a partir de ahí para que cada Consejería adopte las bases reguladoras de las ayudas que piensa poner en marcha al amparo de la Ley. Además, el órgano de gestión de la administración del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, en definitiva la Consejería de Agricultura, tendrá que llevar a cabo los trámites necesarios para adaptarlo a lo previsto en la Ley.
Por otro lado, volviendo al tema de la financiación, Unión de Uniones considera que mucho tendrían que correr el Gobierno y las Consejerías sin apurar ni de lejos esos plazos máximos de 6 meses y 6 meses, para: tener el mapa, sacar las bases reguladoras de las ayudas, luego las convocatorias y que se presenten y resuelvan los expedientes, para gastarse en 2018 los 900 millones de euros que dicen que tienen de presupuesto para la Ley… más a favor de poder sospechar que la Ley son las mismas medidas que ya existen, envueltas en otro papel celofán.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha
