Esta semana ha trascendido a los medios de comunicación una propuesta de “norma de comercialización del vino”. La norma establecería una “autorregulación”, retirando del mercado un cierto volumen de vino cuando se estime pertinente en función de las condiciones de oferta y demanda. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, que no participado en la elaboración de esta propuesta, espera a contar con más información sobre su detalle, pero en función de lo que las propias entidades promotoras han informado, alberga muchas dudas sobre su aplicación y su utilidad y explicamos por qué.
La norma de comercialización, tal y como ha sido trasladada por sus autores, se basa en los siguientes puntos:
La norma consiste en que se retire temporalmente del mercado, mediante almacenamiento privado y cuando la situación lo requiera, una cantidad de vino que puede llegar hasta los 4 millones de hectólitros como máximo en una campaña.
El vino se tendría que retirar en las Comunidades Autónomas declaradas “elegibles” en una campaña porque la suma de sus existencias y producción superen las disponibilidades medias de las cinco campañas anteriores, más un 5 %.
En esas Comunidades Autónomas el vino lo tendrían que retirar las bodegas que tengan “viticultores elegibles” y son “viticultores elegibles” los que hayan obtenido en su explotación un rendimiento real superior al Rendimiento Teórico Máximo de la Comunidad Autónoma “elegible”.
Ninguna de estas bodegas tendría que inmovilizar más del 10 % del vino y mosto que ha elaborado en la campaña regulada.
En todo el territorio español, las parcelas de viñedo de uva tinta que superen un rendimiento de 150 Hl/Ha. (unos 20.000 kilos) y las de uva blanca que superen los 185 Hl/Ha. (unos 25.000 kilos) solo podrán destinar su producción a vino de mesa para destilación o a mosto blanco.
10 preguntas tontas.
A la vista de lo anterior, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se plantea, de entrada, las siguientes cuestiones:
La propuesta “tiene entre sus principales objetivos adecuar el volumen de producto de cada campaña de comercialización a las necesidades de abastecimiento” ¿Cómo se determinan y quién determina las necesidades de abastecimiento de cada campaña que van a desencadenar la puesta en marcha de la retirada?
La norma propone una retirada temporal de vino ¿esta retirada es obligatoria? ¿quién es el responsable de que esta obligación se cumpla? ¿quién va a controlar que la obligación la cumplan todos… pero todos, TODOS? Porque como el control sea el mismo que se ha tenido estos años con el alcohol…
La norma propone una retirada temporal ¿de cuánto tiempo y quién lo decide? ¿Si una bodega que ha tenido que hacer esta retirada temporal recibe una oferta de compra que le resulta beneficiosa, no puede aceptarla, debe perder la venta?
La norma propone una retirada de máximo 4 millones de vino y/o mosto ¿por qué 4 millones? ¿qué informes de impacto se han hecho para ver el efecto sobre el mercado de la retirada de esa cantidad en una campaña y de su vuelta al mercado posterior? ¿el volumen de retirada se fija con un objetivo de recuperación de precios concreto o retiramos el vino y esperamos a ver que resulta?
La norma propone una retirada de máximo 4 millones de vino y/o mosto¿quién decide y cómo, cual es la cantidad concreta que hay que retirar cada campaña? ¿quién decide y cómo cuáles son las bodegas que tienen que retirarlo? ¿una bodega que tenga un viticultor elegible ya está obligada? ¿cómo se reparte el volumen a retirar entre bodegas? ¿y entre viticultores?.
La norma propone una retirada de máximo 4 millones de vino y/o mosto ¿cuáles son las garantías de que el volumen que se retira del mercado, si es que sirve para elevar los precios, no es suplido con importaciones a menor precio procedentes de países terceros realizadas libremente por quién legalmente pueda y quiera?
La norma propone que la retirada se active en las CCAA cuya suma de existencias y producción supere la media de sus disponibilidades de las cinco campañas anteriores más un 5 % ¿Por qué se habla de Comunidades Autónomas “elegibles”? ¿se está pensando en que sólo se retire el vino en una, dos o tres en concreto? ¿Por qué una bodega con viticultores elegibles con rendimientos elevados o por encima de su media habitual, que también contribuyen al posible “excedente”, no está obligada a retirar si no está en una Comunidad Autónoma “elegible”?
La norma propone que ninguna bodega que tenga “viticultores elegibles” esté obligada a inmovilizar más del 10 % de su producción en la campaña en cuestión ¿qué vino se inmoviliza? ¿sólo el de los elegibles? ¿sólo la parte de los elegibles que “se pasa” del rendimiento?.
La norma dice que las parcelas que superen determinados rendimientos solo pueden ir a vino de mesa para destilación o mostos blancos ¿eso es siempre o sólo cuando las condiciones del mercado lo exijan? Si es sólo cuando se den ciertas condiciones del mercado ¿cuáles son esas condiciones y cómo y quién las determina? Si en las condiciones para tomar esa decisión entra el precio ¿qué precio? ¿en cuáles mercados?
Y por último… manejando la hipótesis de trabajo de que esta medida fuera útil y sirviera para estabilizar el mercado del vino y subir los precios ¿Cómo se traslada la mejora del mercado obtenida a los ingresos de los viticultores? En el caso de las cooperativas podría estar asegurado, pero ¿qué compromisos son los que asumen las bodegas privadas para pagar un precio de la uva razonable y referenciado a la calidad y a los costes de producción? ¿qué parte de la producción de la parcela en cuestión se destinaría a destilación o mosto blanco? ¿toda? ¿solo la parte que supere es rendimiento? ¿eso cómo se controla y quién lo controla?
Y una más de propina… con respuesta.
¿Alguien se acuerda de lo que pasó en 2014 cuando se publicó el Real Decreto 774/2014? Pues lo que pasó fue, ni más ni menos, que, en una campaña que ya era de ruina, bastó el anuncio de que se iba a retirar (con quema obligatoria) un cierto volumen del mercado (se habló de 2 millones de Hl.) para que las bodegas se apresuran a vender sus existencias tirando aún más los precios para evitar ser penalizados. Sic transit gloria mundi.
En Unión de Uniones nos gustaría creer que las respuestas a todas esas cuestiones las tienen perfectamente meditadas y resueltas quienes han promovido la propuesta y estamos expectantes para conocer todos los detalles de cómo la norma de comercialización se pondría en marcha… porque lo contrario sería tanto como decir que esto no es una propuesta seria, sino una frívola ocurrencia.
Sobre autorregulación, responsabilidades y quitarse el muerto.
También en Unión de Uniones estamos preocupados por la volatilidad y los vaivenes del sector campaña tras campaña y los problemas estructurales que lo lastran y, sobre todo, por los efectos sobre aquellos que más pierden en esta situación, que son los viticultores. Y también creemos que una “autorregulación” puede ser útil si se diesen las condiciones adecuadas. Y también pensamos que el propio sector tiene que madurar y asumir responsabilidades en la gestión del mercado… ahora bien TODO EL SECTOR y no sólo el sector, sin también LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.
Porque, cuando vienen mal dadas, lo más fácil, es echar la culpa a los viticultores y particularmente a los manchegos: que si producimos vino de más, que si hemos apostado por el rendimiento y no por la calidad, que si nuestras cooperativas no funcionan… Pues sí; seguramente todo eso sea cierto en parte. Pero también lo es que, buscando la rentabilidad de nuestras explotaciones, no hemos hecho otra cosa que responder a las señales de un mercado, que no regula, sino que especula, y a las directrices, muchas veces desconcertantes de la política agrícola europea, e inexistentes a nivel nacional y regional.
Apostamos a que, tanto el Ministerio como las Consejerías, van a estar encantadas con la norma y con esto de la “autorregulación” y de señalar a los viticultores “elegibles” como culpables del problema, porque se van a quitar el muerto de encima. Ya sabemos que no podemos pedir a las administraciones públicas que alteren las normas del libre mercado o que fijen precios mínimos; pero tampoco pueden ni deben (y en especial en Castilla-La Mancha), eludir sus responsabilidades, encogerse de hombros y decirnos a los viticultores que nos autorregulemos, nos organicemos y que produzcamos menos y vendamos mejor. Para eso nos ahorramos los sueldos de tanto político.
La autorregulación está bien… pero ¿cuáles pueden ser resultados de los esfuerzos del propio sector en un escenario en el que no controlamos las reglas del juego? Son los políticos (esos mismos que dicen que nos organicemos) quienes deciden que en la OCM ya no haya mecanismos de regulación; qué acuerdos comerciales se firman con países terceros; qué exigencias ambientales hemos de cumplir; qué IVA pagamos por los inputs y que IVA se le pone al vino; los que permiten que se siga haciendo vino en Europa con azúcar de remolacha; los que acuerdan si se armonizan al alza los impuestos especiales al vino o si se prohíbe publicitarlo; si se criminaliza o no la copa de vino en la cena con los amigos o la familia; las condiciones que se imponen a las firmas que se benefician de los fondos públicos para promocionar su vino o realizar otras inversiones; si el dinero del PASVE se destina a vendimia en verde o a otras cosas; que reestructuraciones y arranques se permiten; cómo se controla la cantidad, calidad y destino de los vinos importados; la supresión o no de los derechos de plantación de viñedo y a quién y cómo se otorgan las nuevas autorizaciones de viñedo; los controles que se hacen a determinadas prácticas en el mercado del alcohol; si la ley de la cadena alimentaria más o menos estricta a la hora de perseguir abusos y poner multas…
¿Y en ese contexto es el que “el sector” tiene que autorregularse y asumir toda la responsabilidad de si el mercado funciona mejor o peor?… Lo sentimos, pero no lo vemos.
¿Nos fijamos en la responsabilidad del sector? Pues ahí tenemos a la Interprofesional del vino… que, de momento, para lo único que está sirviendo es para haber recaudado del sector 13,6 millones de euros en estos años y gastárselos en su mayor parte en anuncios y para querer recaudar otros 25 en los próximos cinco para lo mismo. Teniendo en cuenta los que se sientan en la interprofesional por la parte productora (porque el Ministerio y la Industria les han reconocido, no porque tengan la firma de los viticultores) son los mismos que promueven esta norma de comercialización, no es que nos inspiren mucha confianza.
Esperaremos a ver en que queda esto… pero los experimentos, con gaseosa, no con vino.
