Unión de Uniones de Agricutores y Ganaderos se ha hecho eco de las conclusiones del informe “Analysis of administrative burden arising from the CAP”, presentado esta semana por la Comisión Europea sobre las cargas administrativas de la Política Agrícola Común.
La Comisión sostiene en su trabajo que los costes administrativos relacionados con la PAC no han aumentado sustancialmente para los agricultores desde la reforma emprendida en 2013 y que solo representan un 2% del total de la ayuda recibida. En cuanto a los costos para las autoridades nacionales, que se estiman en torno al 3% del presupuesto de la PAC, sí que han aumentado en un tercio desde la implementación de un nuevo sistema para controlar y gestionar los pagos en 2013.
Pese a las conclusiones sostenidas por la Comisión, Unión de Uniones no alberga ninguna duda de que, sobre el terreno, la burocracia en torno a la PAC, en sus declaraciones, condicionantes, justificaciones y, en general, en las relaciones de los agricultores y ganaderos con la administración, ha aumentado en estos últimos años y se han complicado extraordinariamente. Seguramente a los únicos a los que la PAC les resulte más sencilla es a las decenas de miles de pequeños perceptores que ya no perciben pagos por cobrar menos de 300 euros y que han sido expulsados del sistema para ahorrar, precisamente, papeleo y gastos a la Administración, indican.
Unión de Uniones apunta que “pese a los anuncios reiterados de simplificación la PAC es cada vez más complicada y requiere de los agricultores y ganaderos cada vez más tiempo, más molestias y más dinero en desplazamientos (que los avances informáticos no evitan en muchas ocasiones), tasas administrativas y pérdida de jornales para atender las condiciones y requerimientos administrativos”.
El objetivo general del estudio de la Comisión es examinar los costos y la carga administrativa, incluida la eficacia y la eficiencia, de los sistemas actuales para administrar y controlar una gran parte del gasto de la política agrícola común (PAC). Específicamente, el estudio analiza y evalúa los diferentes elementos del sistema integrado de administración y control (SIGC), así como el sistema de identificación de parcelas, los mecanismos de control relacionados y los costos asociados al cumplimiento cruzado. El cumplimiento cruzado es un conjunto de reglas básicas, que establecen los estándares para la salud pública, de las plantas y los animales y el bienestar animal que los agricultores deben seguir para recibir apoyo económico.
Según el estudio, los costos administrativos de la PAC son inferiores o similares en comparación con otras políticas de la UE. Por ejemplo, la tasa global para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF) se estima en un 4%, mientras que los costos administrativos generales de la UE representan alrededor del 6% del presupuesto total de la UE.
Además, el estudio descubrió que los costos anuales promedio del SIGC se estiman en 10 euros por hectárea de superficie agrícola utilizada (SAU). Para la UE en su conjunto, esto representa entre 1.700 y 1.900 millones de euros. Esto incluye el 14% vinculado a los costos de configuración, el 12% a los costos de funcionamiento y el 74% a los costos de administración y control.
En cuanto al cumplimiento cruzado, el estudio encontró que, en comparación con el período anterior, los costos como porcentaje de los pagos directos recibidos han disminuido. Los principales costos están relacionados con el personal, las inversiones en TI y el análisis de riesgos.
Al considerar los costos administrativos del SIGC por Estado miembro, éstos varían mucho, y van desde 2 a 208 euros por hectárea de SAU. Por desgracia, el informe no ofrece una tabla de Estados miembros donde el coste administrativo es más alto o más bajo, lo que sin duda sería interesante. Lo que si afirma el estudio es que varios factores influyeron en esas diferencias entre países, como el tamaño y la estructura de su sector agrícola, la estructura organizativa de las autoridades nacionales y las opciones sobre los sistemas de tecnología de la información. Más específicamente, los datos revelaron diferencias considerables entre los Estados miembros grandes y pequeños, con costos más altos para los más pequeños. Esto se puede explicar porque los Estados miembros más pequeños se benefician menos de las economías de escala.
Los hallazgos del estudio también encontraron que la automatización, la digitalización y las nuevas tecnologías para los controles de gestión ayudan a reducir la carga y los costos administrativos de la PAC. Ya ha mostrado resultados con el Sistema de identificación de parcelas de tierra, por ejemplo, un sistema de TI basado en fotografías de parcelas agrícolas utilizadas para verificar los pagos bajo la PAC. Según la Comisión, otra tecnología que podría explotarse aún más para reducir la carga administrativa es la teledetección, que se utiliza como parte de los regímenes de control de algunos Estados miembros. Este sistema, se concluye en el informe, ha llevado a una reducción en el número de inspecciones físicas en el campo y un uso más específico de los recursos cuando los inspectores deben visitar las explotaciones.
Sin embargo, el estudio también encontró que la utilización de sistemas electrónicos depende en gran medida del Estado miembro. La aceptación es extremadamente lenta en algunos países. Para mejorar esto, podría requerir inversiones en infraestructura para aumentar el acceso a la banda ancha en áreas rurales remotas.
A nivel del beneficiario, como porcentaje del apoyo total de la PAC recibido, los datos de la Comisión dicen que al agricultor o ganadero, la carga administrativa que tiene que soportar, es de alrededor del 2 % de las ayudas que percibe. El estudio descubrió que esto varía según el tamaño de la finca, su complejidad (ganado, cultivos, cultivos permanentes, mixtos …), la cantidad y los tipos de apoyo recibido, así como la cantidad de pagos.
El estudio concluye su análisis con algunas recomendaciones, incluido el fomento del uso de la tecnología para reducir los costos administrativos y que los Estados miembros agreguen el análisis de esos costos a sus planes estratégicos de la PAC presentados en las propuestas de la PAC posterior a 2020.
