CCOO-Industria CLM reunió esta semana en Cuenca a todos los agentes implicados en una de las actividades económicas más polémicas de los últimos años por sus implicaciones sociales, laborales y medioambientales: la proliferación de grandes granjas porcinas.
Responsables de Agricultura, de la industria promotora, de los ganaderos y de los colectivos vecinales y organizaciones ecologistas que se oponen a estas instalaciones se explicaron y debatieron en torno a una misma mesa.
Para Ángel León, secretario general de CCOO-Industria Castilla-La Mancha fue un debate muy abierto, apasionado e incluso acalorado; con representantes de posiciones muy distintas, con intereses confrontados y opiniones opuestas, incluso radicalmente opuestas. Muchos de los asistentes al debate intervinieron también desde el público para interpelar a los ponentes.
Si en algo estuvieron todos de acuerdo fue en la necesidad de información y transparencia, que en algunos casos falta; y en agradecer a CCOO la iniciativa de sentarlos juntos y darles así la posibilidad de exponer sus argumentos, escuchar los de los demás, cuestionarlos o rebatirlos.
Abrió la jornada Joaquín Cuadrado, delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, que explicó la normativa estatal y regional sobre explotaciones porcinas, y mostró el apoyo del Gobierno regional a la ganadería extensiva pequeña y mediana.
Ya en el debate, Julián Redondo, de la empresa integradora ICPOR, afirmó que sus explotaciones porcinas cumplen la normativa, invitó a visitarlas a todos los asistentes -empezando por quienes las rechazan- e incluso reclamó “que se nos vigile para hacer bien las cosas”.
Manuel Torrero, de ASAJA Cuenca, representante de los ganaderos, aseguró que las explotaciones porcinas generan actividad económica en el mundo rural, crean empleo y son sostenibles desde la perspectiva social y medioambiental.
Daniel González, de Ecologistas CLM, subrayó el impacto global de la ganadería industrial, que contribuye directa e indirectamente al cambio climático, afectando de forma negativa a la calidad del agua y pone en riesgo la salud pública.
E Inma Lozano, de CLM STOP Macrogranjas, denunció el impacto demográfico y social de estas instalaciones, que generan mucho menos empleo del que destruyen y en vez de fijar población en los pueblos, la ahuyenta.
Desde CCOO-Industria expresaron que la proliferación de las explotaciones intensivas de porcino es una cuestión “que nos preocupa y ante la que no nos ponemos de perfil”.
Entre los intervinientes en la jornada, el responsable del gabinete económico del sindicato, Pepe Díaz, trasladó que las macrogranjas tienen un impacto nulo o negativo en el empleo de la zona donde se instalan. Garantizan eso sí la actividad y el empleo en la industria cárnica destinataria; “pero si una macrogranja no ofrece absolutas garantías de viabilidad social y medioambiental, contará con nuestro rechazo”.
Porque, además, lo que sí hay son alternativas para suministrar materia prima a la industria cárnica, desde explotaciones ganaderas más pequeñas y desde la ganadería extensiva, cuyos efectos sociales y medioambientales sí son demostradamente positivos, añadió.
Indicó que “creemos que antes de instalar una granda intensiva de porcino en un municipio, el ayuntamiento tiene que facilitar a los vecinos toda la información y recabar su consenso. Creemos que la Administración autonómica no puede autorizar macrogranjas o grandes granjas porcinas sin plenas garantías en el tratamiento de los purines, en el uso de agua y el mantenimiento de su calidad”.
“Creemos que hay seguir recabando y contrastando datos, e investigando también desde la UCLM, sobre los efectos medioambientales, económicos, sociales y demográficos de estas instalaciones a medio y largo plazo”, apuntó. Y, sobre todo, “creemos que es más que conveniente -y así se lo hemos reclamado a la Administración a la conclusión del debate- abrir espacios de diálogo entre todos los implicados”.
Por último, afirmó que esperan que la jornada pueda ser “un punto de partida para aglutinar consensos; así como una exigencia de rigor para la Administración, las integradoras y los ganaderos; y un acicate para la labor de las organizaciones ecologistas y de los colectivos vecinales preocupados por el futuro de sus pueblos y de nuestro planeta”.
