El juez ordena implantar medidas básicas para seguridad de agentes medioambientales

Sin más dilación, al Gobierno de Castilla-La Mancha

El juzgado de lo Social de Toledo ha ordenado al Gobierno de Castilla-La Mancha “cumplir sin más dilación” las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los agentes medioambientales que le instó a implantar la Inspección de Trabajo en 2016; requerimiento firme que la consejería de Agricultura “se pasó años burlando”, según informan desde Comisiones Obreras.

Estos incumplimientos ahora condenados se remontan a 2011, dirigida entonces la Consejería por María Luisa Soriano (PP). Tras advertir reiteradamente a la Administración que se estaba exponiendo a graves riesgos a los agentes, y ante la inacción de la consejería, CCOO acudió en mayo de 2014 a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo.

La Inspección (ITSS) constató “los incumplimientos sistemáticos” en que venía incurriendo la Consejería y en junio de 2016, ya con el actual consejero, Francisco Martínez Arroyo (PSOE), instó a corregirlos en el plazo de seis meses. En septiembre, emitió un nuevo requerimiento tras comprobar que documentación que había remitido la Administración para intentar aparentar el cumplimiento del requerimiento anterior “incidía en falsedades”.

Ya en octubre de 2019, en respuesta a la nueva denuncia planteada por CCOO, la Inspección emitió un Informe-Denuncia “del que se concluye que la Administración demandada no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la ITSS realizados en septiembre de 2016, pese al tiempo transcurrido”.

Así lo destaca sentencia, que da por probados todos los hechos denunciados por CCOO y constatados en los sucesivos informes de la ITSS; rechaza todas las alegaciones de la Junta de Comunidades y condena “a la Administración demandada a dar correcto cumplimiento, sin más dilaciones que las debidas a la preparación de las actuaciones tendentes a la contratación de los servicios que se precisen, a las medidas preventivas requeridas por la ITSS”.

En concreto, el magistrado-juez ordena a la Junta a que “proceda a impartir la formación necesaria a los agentes medioambientales a fin de reducir al mínimo posible el riesgo de violencia; a adoptar medidas eficaces para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los AAMM y a cumplir con las medidas preventivas propuestas por el servicio de prevención, y concretamente las referidas a la realización de trabajos aislados y tareas que puedan ocasionar un acoso o violencia externa”.

Así, cuando la ITSS calificó de “deficientes”, “contradictorios” y hasta “ilógicos” los ‘Protocolos de actuación de los AAMM frente a riesgos derivados del trabajo aislado o violencia externa’ implantados por la consejería, la Administración terminó por reconocer que encargó su elaboración a “empleados públicos sin formación preventiva”. Y cuando la Inspección constató que la Consejería publicaba permisos de caza “en los que se identifica con nombres y apellidos a los AAMM que van a llevar el control”, la Consejería lo achacó a “errores humanos”, indican desde el sindicato.

Contra la sentencia cabe recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), recurso que esperan que el Gobierno de CLM “se cuide de presentar y nos ahorre así a todos tiempo y dinero”.

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