El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas han aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial lo que impedirá que pueda ser cazado.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de “decisión errónea” la inclusión del lobo dentro del listado de especies de protección especial, lo que implicará que no se podrá controlar la especie. UPA cree que la decisión, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, “ignora plenamente” las demandas de los ganaderos, así como de las Comunidades Autónomas con presencia de lobos, que se han mostrado rotundamente en contra de este blindaje del lobo.
El lobo en España no se encuentra en peligro de extinción, “por más que se empeñen algunos”. Al contrario, los expertos lo señalan -y los ganaderos lo sufren-: la especie se ha expandido de forma importante en los últimos años, causando daños importantes a la ganadería extensiva, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi, que son los territorios con presencia de lobos en la Península Ibérica.
UPA se ha encomendado ahora al departamento que dirige Luis Planas: “El Ministerio de Agricultura debe defender a sus ganaderos. Se acabó mirar hacia otro lado. Está en juego la pervivencia de la ganadería extensiva en nuestro país y con ello su contribución al cuidado del medio ambiente, en especial en las zonas de montaña”. Los ganaderos advierten de que acudirán a todas las instancias: “al presidente del Gobierno si hace falta”.
Desde la Real Federación Española de Caza afirman que esta decisión supondrá la prohibición de su caza y, por tanto, de una gestión que durante años ha funcionado y ha dado como resultado el aumento y la recuperación de sus poblaciones.
Lamentan que supone un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal.
Señalan que los votos favorables han sido emitidos en su totalidad por comunidades que no tienen presencia alguna de la especie y que, por tanto, desconocen totalmente el problema que sufren cada día los ganaderos de las comunidades con ataques continuos por parte de lobos, por lo que su voto solo puede achacarse a posicionamientos políticos y a presiones ecologistas.
