Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las sucesivas crisis energéticas, considera que no se puede seguir con soluciones coyunturales para el elevado precio del combustible agrícola y reclama al Gobierno que impulse de forma inmediata los trabajos para crear un gasóleo agrario reservado a agricultores y ganaderos profesionales.
Unión de Uniones resalta que el precio medio nacional oficial del gasóleo B publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica se situó el 2 de septiembre en 1,561 euros por litro, frente a 1,130 euros al cierre de febrero, antes de la fuerte escalada de marzo, lo que supone casi un 40% más que antes de que estallara el conflicto en Oriente Medio.
La organización advierte de que se trata de precios medios nacionales, por lo que en determinadas zonas y puntos de suministro los agricultores están encontrando precios sensiblemente superiores.
La media oficial está ya a solo 13,2 céntimos del récord histórico de 1,693 euros/litro registrado en marzo de 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania.
Para la organización, la situación vuelve a poner de manifiesto las debilidades de un sistema basado en reaccionar ante cada crisis con ayudas extraordinarias, reducciones fiscales temporales o devoluciones posteriores. “Basta ya de parches: queremos un verdadero gasóleo profesional agrario con reglas claras y estables”, señalan desde Unión de Uniones.
“Esta petición no es nueva y no necesitamos resolver los problemas de hoy. Esto es estructural y es algo que tiene el Gobierno que resolver en lugar de pasarse años y años dando largas hasta la siguiente crisis. Es una cuestión de voluntad política, si quiere, puede hacerlo”, añaden.
Pide aplicar el IVA reducido del 10%
Actualmente, el régimen ordinario del gasóleo B contempla un Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de 96,71 euros por 1.000 litros, del que determinados agricultores pueden recuperar posteriormente 63,71 euros, quedando un gravamen efectivo de 33 euros.
Unión de Uniones reclama que, mientras continúe este sistema, la devolución aumente al menos otros 12 euros por 1.000 litros, hasta dejar el tipo efectivo en 21 euros, y que la reducción se practique directamente al repostar.
La organización recuerda, además, que la normativa europea permite ser más ambiciosos: el artículo 15.3 de la Directiva 2003/96/CE autoriza a los Estados miembros a aplicar incluso un tipo impositivo cero a los productos energéticos utilizados en labores agrarias, hortícolas, piscícolas y silvícolas.
El actual mecanismo de devolución presenta además importantes problemas de acceso. En 2024 solo hubo 118.189 solicitudes, un 9 % menos que el año anterior, pese a que el consumo agrario no experimentó una caída equivalente. Solo algo más de la mitad del gasóleo B consumido en agricultura y un 20% de sus usuarios se acogen a la devolución.
Subida del combustible
La subida del combustible incrementa también automáticamente la recaudación fiscal. Solo por IVA, pasar de un precio medio de 1,130 a 1,561 euros/litro supone aproximadamente 7,5 céntimos más de impuesto por litro; proyectado sobre 1.948 millones de litros de consumo agrario, equivale a unos 146 millones de euros.
Frente a ello, Unión de Uniones estima que un gasóleo con IVA del 10 % e IEH efectivo de 21 euros/1.000 litros podría suponer un ahorro próximo a 315 millones de euros anuales en impuestos para el sector sobre ese volumen de consumo.
Una reducción adicional del IEH hasta cero, posibilidad expresamente contemplada por la normativa europea para usos agrarios, elevaría todavía más el ahorro, hasta los 360 millones de euros. En el caso de una medida reservada solo para profesionales, serían un 30 % menor el ahorro para los agricultores y, por tanto, el impacto en la recaudación del gobierno.
La organización reclama al Gobierno que abandone la senda atropellada de las medidas coyunturales y comience los trabajos para implantar de forma permanente un verdadero gasóleo profesional agrario, con la mínima fiscalidad posible y con el precio bonificado directamente en surtidor y permita así trabajar a los agricultores y ganaderos sin que tener que estar costeando de sus bolsillos estos incrementos por no poder transmitir la subida a lo larga de la cadena alimentaria.
