En los últimos años han surgido iniciativas desde las diferentes administraciones, proponiendo remedios -más bien parches- para las zonas que, de una forma preocupante, se está despoblando España. Este déficit de población, observado de forma simplista, se produce principalmente ante la falta de actividad económica y productiva.
Los procesos de migración interna, desde territorios eminentemente agrícolas a la urbe en busca de mejores condiciones de vida, se acentuaron en la segunda parte del pasado siglo y desde entonces el éxodo ha sido constante. Una más que deficiente planificación del territorio y la localización con criterios oportunistas de zonas industriales hicieron que se desarrollaran económicamente de forma vertiginosa unos territorios, los menos, en detrimento del resto. La apuesta por el punto central y la periferia ignorando el resto del espacio.
Con nuestra entrada en la Unión Europea, tuvimos acceso a los beneficios que dicha pertenencia nos ofrecía y, naturalmente, a compartir los problemas. En los países europeos, también se estaba descompensando la densidad de población y de forma experimental puso en práctica la Iniciativa Comunitaria LEADER. Se cumplen treinta años de aquella decisión. Se trataba de luchar contra el despoblamiento del medio rural, a través de la diversificación de la economía mediante la participación activa de la población interesada, de las empresas, de las asociaciones y de la administración de las zonas rurales beneficiarias. Esta participación se canalizó y normalizó por medio de los Grupos de Acción Local, que han sido los responsables del diseño y ejecución de los programas de desarrollo rural. Órganos estos, ahora tutelados por las Administraciones Regionales, que, con una infraestructura muy pegada al territorio que se pretende revitalizar, han ido definiéndose y perfeccionándose en el tiempo.
Esta fórmula ha venido siendo la herramienta más efectiva de actuación de la Unión Europea en las pequeñas comunidades rurales y demasiadas veces la única. Es obvio que con la exigua dotación financiera gestionada de forma LEADER no se puede pretender igualar las diferencias entre territorios, pero sí establecer un claro ejemplo del efecto multiplicador de la economía allí donde se aplican. Aun así, la baja densidad de población es un fenómeno estructural que se tiene que corregir en frentes diversos aportando no solo recursos económicos, que se necesitan de forma generosa, sino legislando -parece que algo se mueve en este sentido- en favor de la igualdad de oportunidades, donde el factor territorial no sea en la práctica una medida discriminatoria.
En cuanto a lo más cercano y en concreto a la Asociación de Desarrollo Local que presido (ADAC), ha venido puntualmente concurriendo a los procesos de selección de estrategias de desarrollo local, promoviendo inversiones y justificando puntualmente las ayudas que llegan en cada uno de los periodos que, por septenios, fija la Unión Europea para programar actuaciones de inversión y asignación de fondos. Sin hablar de un buen número de otros proyectos de formación, turísticos, medioambientales o relacionados con el emprendimiento. Concretamente, en los tres periodos de programación LEADER gestionados por ADAC, en los cuarenta y siete pueblos que componen su territorio, han supuesto más de treinta millones de euros en inversiones de todo tipo, lo que significa multiplicar casi por tres los fondos recibidos.
Como ya indicaba, estas iniciativas no son suficientes y los territorios rurales aún mantienen un déficit de población. Las Asociaciones de Desarrollo continuamos aglutinando inquietudes y estas han tenido su visibilidad más importante en la celebración en Sigüenza, a finales del año 2.019, de un simposio en el que intervinieron todos los agentes que tienen algo que decir en esa quimera que es combatir la despoblación de nuestro territorio. En este caso el de Castilla la Mancha, estableciendo las propuestas en un documento que se ha venido en mencionar como “Manifiesto de Sigüenza”.
El Gobierno de Castilla La Mancha ha recogido el envite que supone este manifiesto y el decálogo de medidas en él plasmadas. Actualmente la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha ha impulsado y tiene en proceso de aprobación en Cortes una Ley llamada de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación.
Se trata de una Ley novedosa en España, que recopila medidas fiscales y laborales favorecedoras del desarrollo de las zonas más afectadas por la despoblación, animando a residir en ellas y comprometiéndose a establecer una fiscalidad favorable y mejorar los servicios públicos, sanitarios, transporte, comunicaciones y telecomunicaciones o educativos, facilitando por ejemplo, la realización de estudios superiores para primar después de forma importante a quienes desarrollen su actividad y residan en estas zonas, entre otras medidas. Es como digo una Ley imprescindible que, con los necesarios ajustes de comarcalización, serán el inicio de una nueva etapa en esta lucha contra la despoblación.
Estas medidas se unen a otras iniciativas constantes y novedosas que ha lanzado la Diputación de Guadalajara en el último año y donde las Asociaciones de Desarrollo Local actuamos como entidades colaboradoras de la Institución provincial.
Los que vivimos el desarrollo rural a pie de obra somos conscientes de lo difícil que es cambiar inercias, hacer que la iniciativa privada encuentre más favorable producir en zonas menos pobladas y más alejadas de las zonas de consumo. Pero algo se está moviendo en la sociedad en el sentido de devolver población a los pueblos que se vienen deshabitando. Las Asociaciones de Desarrollo Local seguiremos aquí, canalizando en la medida de nuestras posibilidades las inquietudes y los proyectos de los que estamos y los de los que quieran acompañarnos en el futuro.
