Los viticultores de la zona de producción de la Denominación de Origen Toro, especialmente los de Morales de Toro (Zamora), lamentan que están sufriendo “una catarata” de inspecciones tanto laborales como administrativas en los tractores que por el número y por la intensidad consideran “desproporcionada”.
Creen que la Subdelegación del Gobierno “se propasa en el control de sus actividades y nos trata como a delincuentes.”
“Nada tenemos en contra de que controlen si tenemos en regla a nuestros empleados, pero una cosa es eso y otra este acoso que estamos sufriendo. Además, desmesurado porque los propios inspectores de trabajo nos exigen papeles del tractor”.
La Alianza UPA COAG Castilla y León rechaza que se produzcan “estas maniobras” para acosar a los agricultores y entorpecer sus tareas de recolección, precisamente en la época más importante para sus economías.
Lamentan que la Guardia Civil se aposta a la entrada de los pueblos, se mete por los caminos, aparece de pronto y les exige toda la documentación del tractor y del remolque: permiso de circulación, seguro, control de ITV.
Y por otro lado, se presentan los inspectores de trabajo solicitando la documentación de los empleados para comprobar su regularización laboral. Hablan de que el dispositivo es “gigantesco” y lo consideran “otro asedio más al sector agrario, que vive los peores momentos de su historia, por si no fueran suficientes ya la sequía o los costes de producción disparados”.
Además, los viticultores de la DO Toro recuerdan que no suele haber casos en la zona de contratación ilegal y, sin embargo, sí los habido alguna vez con las empresas de los países de procedencia de los temporeros. En general, contratar personal para esta labor es muy difícil. No se encuentra gente, señalan.
La conclusión es que los viticultores comprueban que “están entre ceja y ceja de las autoridades del Ministerio de Trabajo y son, para este organismo sospechosos de ser delincuentes”.
