Denuncia que la renta agraria está cayendo afectando de lleno a los agricultores y ganaderos profesionales

Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura, las comunidades autónomas más perjudicadas, según Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, de acuerdo con los datos obtenidos de la Agencia Tributaria, resalta que la mala situación en el sector agrario era ya una realidad fehaciente en 2019.

Unión de Uniones se ha hecho con los últimos datos disponibles (2019) relativos al número de declaraciones de IRPF con actividad agraria y su peso en los ingresos totales y en ellos se revela que la situación en 2019 empeora respecto a los años anteriores.

La organización agraria destaca que se reduce de un 3,14% las declaraciones con actividades agrícolas con respecto a 2018, porcentaje que llega hasta casi 13% si se compara con 2014 y que por primera vez es inferior al millón (984.610 declaraciones).

Agricultores profesionales

Esta evolución negativa -que es de temer que se mantengan cuando se publiquen los datos de 2020 y 2021- es aún más preocupante porque afecta fundamentalmente a los agricultores profesionales; ya que se observa una reducción de las declaraciones con más peso la renta agraria sobre los ingresos totales, mientras que aumentan las que dependen en menor medida de los ingresos agrarios, en un 25% o menos.

Por comunidades autónomas

A nivel estatal, los tramos profesionales (más del 50% de ingresos totales procedentes de la actividad agraria) se habrían reducido en un 11,1% respecto de 2018; una tónica con la misma tendencia se habría dado en las CC.AA: Andalucía (reducción del 15% de declaraciones de estratos profesionales), Madrid (13%), Castilla-La Mancha (13%), Comunitat Valenciana (12%), o Extremadura (10%), si bien esta tendencia es generalizada en todas las autonomías.

Así, en 2019 se habría producido una “desprofesionalización” del sector, que alcanza porcentajes de declaraciones profesionales de 2014-2015 (considerando a estas aquellas que tienen un elevado peso de la renta agraria sobre los ingresos totales): En 2019 el 17,8% de las declaraciones en el sector suponían más del 50% de los rendimientos totales de los declarantes; mientras que, en 2018, esta cifra llegó a ser del 19,4% y en 2015 del 17,5%.

“Nos preocupa bastante esta situación y se debe poner el foco en ello”, comentan desde la organización. “Esto es para Unión de Uniones un hecho de gravedad: el que sean los declarantes que más dependen de la renta agraria para sus ingresos totales los que desaparezcan implica que el sector no va muy bien y no se puede vivir de él. Pero, ojo, como hemos dicho otras veces, el problema no es sólo de los agricultores y ganaderos, sino de toda la sociedad. Cuando decidamos tirar la toalla, ¿cómo nos alimentaremos? ¿Tiraremos de laboratorio o dependeremos totalmente productos de fuera con menores garantías y mayores emisiones?”, añaden.

De hecho, la pérdida de rentabilidad se vería claramente en la comparativa de la renta agraria media de estos tramos más profesionales con los datos de titulares, renta bruta e importe medio por titular del conjunto de actividades en 2019: El importe medio general (sólo declarante principal) habría sido en 2019 de 27.082 euros; mientras que la renta agraria del tramo más profesional (los ingresos agrarios suponen más del 75% de los ingresos totales) en 2019 habría sido de 12.576 euros: les decir, la renta agraria sería sólo en torno a un 46,4% de la renta media de los autónomos de España en 2019.

La organización muestra además su preocupación por los resultados que puedan obtenerse de años posteriores: Si bien la situación de 2019 echó al campo a las calles a principios de 2020, lo ocurrido después, el COVID, la postpandemia, los precios al alza, la guerra en Ucrania y la inflación, podrían hacer que los datos de 2019 fueran los menos malos de los últimos de estos cuatro años, indican desde la organización.

Unión de Uniones insiste en que desde las administraciones se rechace sistemáticamente este diagnóstico en la articulación de medidas de apoyo para los sectores agrarios y consideran esencial que los apoyos administrativos contemplen una priorización hacia los tramos más profesionalizados del sector, tal y como se contempla en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, tal y como se contempla en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. , tal y como se contempla en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, tal y como se contempla en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.a

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