El diario El Economista publica este jueves una entrevista con María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
En la información, Hernández se refiere a uno de los aspectos más controvertidos de la nueva Política Agraria Común (PAC): los eco regímenes, cuyo cumplimiento es voluntario para los productores, que decidirá para qué parcelas de su explotación los solicitan o no y bajo qué prácticas justifica su realización.
En concreto, la presidenta del FEGA avanza que “el real decreto de penalizaciones, que se encuentra finalizando su tramitación, prevé que en 2023 no se penalice a los productores por incumplimientos en los eco regímenes”.
Hernández afirma en El Economista que “estamos hablando de una nueva medida y somos plenamente conscientes de que en este primer año de aplicación los agricultores y ganaderos deben adaptarse a las nuevas reglas. En 2024 las penalizaciones serán la mitad del nivel establecido, para continuar con esta transición y permitir la adaptación progresiva al nuevo régimen”.
La máxima responsable del FEGA añade que están trabajando de forma intensa junto con las comunidades autónomas para que las aplicaciones informáticas de gestión caractericen de forma exhaustiva las explotaciones en el mismo momento de presentación de la solicitud única, proporcionando alertas a los agricultores de forma que estos puedan retirar, modificar o adaptar su solicitud en el caso de que se detecte que no se está cumpliendo un determinado requisito para el eco régimen solicitado.
