El Gobierno ha modificado la regulación del potencial de producción vitícola en España para introducir una mayor flexibilidad en las plantaciones y replantaciones de viñedo ante la caída del consumo de vino, la inestabilidad de los mercados internacionales y los efectos cada vez más frecuentes de fenómenos meteorológicos extremos.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el Real Decreto que modifica la normativa básica vigente desde 2018 y adapta el sistema español de autorizaciones de viñedo a los últimos cambios aprobados por la Unión Europea.
La reforma llega en un momento especialmente delicado para el sector. El propio Gobierno recoge en la exposición de motivos que el consumo de vino en la Unión Europea se encuentra en su nivel más bajo de los últimos treinta años. A esta situación se suman la reducción del consumo en mercados tradicionales de exportación, las tensiones geopolíticas y una producción cada vez más imprevisible como consecuencia del cambio climático.
Este escenario, según recoge la norma, está generando problemas de exceso de oferta y presión a la baja sobre los precios, reduciendo los ingresos de los viticultores y su capacidad para afrontar inversiones o pérdidas ocasionadas por episodios meteorológicos extremos.
Hasta ocho campañas para las replantaciones
Una de las principales novedades afecta a las autorizaciones de replantación. Su periodo de validez podrá alcanzar ahora un máximo de ocho campañas, contadas a partir del final de aquella en la que fueron concedidas.
El objetivo es proporcionar a los viticultores más tiempo para decidir cómo reorganizan sus explotaciones. La normativa menciona expresamente la posibilidad de introducir variedades más ajustadas a la demanda del mercado o mejor adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, así como aplicar nuevas técnicas de manejo del viñedo.
También cambia el tratamiento de las nuevas plantaciones. Las autorizaciones concedidas serán válidas hasta el último día de la tercera campaña de comercialización posterior a aquella en la que fueron otorgadas.
Prórrogas de un año ante catástrofes y fenómenos extremos
La reforma concede además un papel relevante a las comunidades autónomas cuando una zona vitícola resulte gravemente afectada por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
En estos casos, las administraciones autonómicas podrán prorrogar hasta doce meses la validez de determinadas autorizaciones de nuevas plantaciones que fueran a expirar al finalizar la campaña afectada. Una vez delimitada la zona, la prórroga se aplicará automáticamente y los titulares serán informados.
La medida está pensada, entre otros supuestos contemplados por la reforma, para responder al aumento de las catástrofes naturales, los fenómenos meteorológicos adversos y los brotes de enfermedades vegetales. Los productores afectados podrán también quedar exentos de determinadas sanciones cuando concurran las circunstancias previstas y se cumplan los requisitos establecidos.
Sin sanción para determinadas autorizaciones anteriores a 2025
Otra de las novedades busca evitar que los productores planten únicamente para no perder una autorización en un contexto de baja demanda.
Los titulares de autorizaciones válidas para nuevas plantaciones concedidas antes del 1 de enero de 2025 no estarán sujetos a las sanciones administrativas correspondientes si comunican que no tienen intención de utilizarlas antes de su vencimiento y, como máximo, el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno vincula expresamente esta medida a la disminución de la demanda de vino y a la intención de eliminar incentivos para ejecutar nuevas plantaciones cuando no esté asegurada la salida comercial de la producción.
Las nuevas plantaciones podrán limitarse incluso al 0 %
El nuevo marco mantiene que el Ministerio de Agricultura fijará cada año la superficie que podrá concederse para nuevas plantaciones, con un máximo equivalente al 1 % de la superficie nacional de viñedo existente a 31 de julio del año anterior. También podrán establecerse limitaciones dentro de las zonas geográficas de las denominaciones de origen protegidas.
Una de las modificaciones relevantes respecto al sistema anterior es que las limitaciones ya no tienen necesariamente que permitir un crecimiento superior al 0 %, abriendo así la posibilidad de restringir completamente las nuevas autorizaciones cuando las circunstancias del mercado lo justifiquen.
Restricciones para los beneficiarios de ayudas al arranque
La reforma también introduce condiciones para evitar que las ayudas destinadas a reducir superficie de viñedo terminen acompañadas de nuevas plantaciones.
Las comunidades autónomas deberán comprobar que los solicitantes no hayan sido beneficiarios de determinados pagos por arranque durante las diez campañas de comercialización siguientes a aquella en la que se produjo el arranque. El intercambio de información entre administraciones se realizará a través del sistema SIAVI.
Además, quien reciba una de las ayudas al arranque contempladas en la normativa europea no tendrá derecho a una autorización de replantación por la superficie que haya arrancado para percibir esa ayuda.
