La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha expresado su preocupación por el acuerdo parcial alcanzado esta madrugada en Luxemburgo por los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre el Reglamento de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.
Tras más de doce horas de negociaciones, el Consejo ha fijado una posición negociadora que, a juicio de la organización, supone un avance procedimental, pero deja sin resolver las dos cuestiones fundamentales para el futuro del campo europeo: el presupuesto disponible y los criterios de distribución de las ayudas.
COAG considera que ambas cuestiones, pendientes de la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP), serán determinantes para garantizar la continuidad de un modelo de agricultura profesional y social, basado en explotaciones que generan actividad económica, empleo y riqueza en el medio rural.
Una PAC sin estructura propia y con menos recursos
Una de las principales preocupaciones de COAG es la pérdida de la arquitectura financiera específica de la PAC. El acuerdo del Consejo confirma la integración del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en una estructura financiera única, dentro de los planes nacionales y regionales de asociación.
Este nuevo planteamiento situaría la política agraria en un marco compartido con otras políticas europeas, como cohesión, pesca o migración, lo que, según la organización, incrementa el riesgo de competencia por los recursos y de renacionalización de las ayudas.
COAG advierte de que este modelo podría provocar diferencias crecientes entre agricultores de distintos Estados miembros, al quedar las condiciones de apoyo más vinculadas a la capacidad presupuestaria de cada país.
A esta incertidumbre se suma la cuestión financiera. La propuesta de reservar alrededor de 300.000 millones de euros para ayudas a la renta y medidas de crisis supondría, según los cálculos de COAG, una reducción superior al 20% en términos nominales respecto a los cerca de 387.000 millones de euros correspondientes al actual periodo 2021-2027. El recorte sería todavía mayor si se tiene en cuenta el efecto de la inflación.
La organización también rechaza la propuesta de la Presidencia irlandesa de reducir un 30% la reserva destinada a afrontar crisis agrarias. Considera especialmente preocupante esta posibilidad en un contexto de encarecimiento de la energía, los fertilizantes y los piensos, agravado por las tensiones internacionales y la guerra de Irán.
El reparto de las ayudas, otra cuestión pendiente
COAG lamenta que el Consejo haya aplazado las decisiones sobre los mecanismos destinados a evitar la concentración de subvenciones en los mayores perceptores.
Tanto la degresividad, que reduce progresivamente las ayudas a partir de determinados importes, como el capping, que establece un límite máximo por beneficiario, han quedado pendientes de la negociación general del MFP. Además, el pago redistributivo, concebido para favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones, se mantiene únicamente como una opción para los Estados miembros.
La organización critica que durante las negociaciones se haya llegado a plantear un límite voluntario de 300.000 euros por beneficiario, una cifra que considera excesiva e insuficiente para corregir los desequilibrios actuales.
A su juicio, una PAC sin mecanismos obligatorios de redistribución seguirá favoreciendo la concentración de fondos en grandes perceptores, incluidas corporaciones y sociedades de inversión, en detrimento de los agricultores y ganaderos profesionales que dependen directamente de su actividad.
Los 27 alcanzan un acuerdo parcial sobre la futura PAC, pero sin definir el presupuesto
Avances en agricultor activo, jóvenes y gestión de crisis
Pese a las críticas, COAG reconoce algunos avances positivos en la posición acordada por los ministros europeos.
Entre ellos destaca la obligatoriedad de definir la figura del agricultor activo a partir de un nivel mínimo de actividad agraria, una medida que considera fundamental para orientar las ayudas hacia quienes trabajan efectivamente en el campo.
También valora que el Consejo contemple un pago reforzado para jóvenes agricultores, una estrategia específica de relevo generacional y un paquete de apoyo para facilitar el inicio de la actividad.
En materia de gestión de riesgos, la organización considera positivo que las ayudas extraordinarias incluyan expresamente las enfermedades animales y vegetales, además de los desastres naturales y los fenómenos climáticos adversos.
Asimismo, respalda los avances en simplificación de controles y sanciones, en línea con las demandas que el sector viene planteando para reducir las cargas burocráticas de las explotaciones.
Presupuesto suficiente y ayudas para quienes viven del campo
Ante las próximas negociaciones europeas, COAG reclama al Gobierno español que defienda una PAC con financiación propia y que mantenga, al menos, su capacidad presupuestaria real respecto al periodo 2021-2027.
La organización rechaza que las ayudas a la renta estén sujetas a cofinanciación nacional obligatoria y exige reforzar, en lugar de recortar, los fondos destinados a situaciones de crisis. En este sentido, pide al Ejecutivo mantener el principio de que «sin cifras no hay cierre» durante el Consejo Europeo extraordinario previsto para los días 26 y 27 de noviembre.
En cuanto al reparto, propone establecer un límite obligatorio de 100.000 euros por beneficiario, descontando previamente los costes laborales y computando conjuntamente las ayudas vinculadas a un mismo titular real, para evitar el fraccionamiento artificial de explotaciones.
También reclama que el pago redistributivo sea obligatorio y que se establezca una lista común de exclusiones para impedir que meros propietarios de tierras, sociedades inmobiliarias o entidades de inversión accedan a ayudas destinadas a la agricultura profesional.
Relevo generacional
En materia de relevo generacional, COAG defiende mantener el límite de 40 años para acceder a las ayudas de jóvenes agricultores, conservar esa condición durante todo el periodo de apoyo y reservar una dotación presupuestaria específica.
Por último, exige que la futura PAC incorpore medidas para reducir la dependencia de fertilizantes y piensos importados, así como mecanismos de respuesta rápida ante crisis de costes de producción.
El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha resumido la posición de la organización con una advertencia sobre las consecuencias que puede tener el nuevo modelo de política agraria para los productores europeos.
«Hoy los ministros han acordado las reglas del juego, pero no cuántas fichas habrá ni quién se las lleva. Una PAC recortada, diluida en un fondo único y sin límites efectivos a los grandes perceptores de ayudas, en muchos casos corporaciones y fondos buitre, no garantiza el futuro de la agricultura profesional. Pedimos al Gobierno firmeza en el presupuesto y al Parlamento Europeo que no ceda en el reparto justo», ha señalado.
Para COAG, el acuerdo alcanzado en Luxemburgo no puede interpretarse como un respaldo definitivo a la futura PAC mientras continúen abiertas las decisiones sobre su financiación y distribución.
La organización insiste en que el verdadero alcance de la reforma dependerá de que Europa garantice recursos suficientes y priorice a los agricultores y ganaderos que producen alimentos, generan empleo y mantienen vivo el medio rural.
